Tercero de una serie

Fernández: un empresario de la casa Chávez

 

greyes@elnuevoherald.com

El hito que marcó la multiplicación del capital de empresario Ricardo Fernández Barruecos, hoy preso en Venezuela, fue el paro general patronal de finales del 2002 y principios del 2003.

Acorralado por comerciantes, industriales y directivos petroleros que prácticamente paralizaron al país, el gobierno del presidente Hugo Chávez superó parcialmente la crisis con la ayuda de empresarios y banqueros opuestos al paro que pusieron a su disposición la infraestructura de sus compañías.

Con el tiempo se hicieron millonarios y fueron bautizados como los "boliburgueses'', magnates favorecidos por la revolución bolivariana.

Fernández ofreció su flota de "gandolas'', camiones de transporte, para la distribución de alimentos y este gesto de solidaridad fue retribuido con creces por el régimen que salió a flote: Industria Venezolana Maizera Proarepa, la empresa matriz de Fernández, fue designada como la principal proveedora de alimentos para los programas alimenticios del gobierno (Mercal y Proal).

Según la firma FTI Consulting, que elaboró una auditoría en el 2008 para mejorar la estropeada imagen de Fernández, los contratos asignados por el gobierno le significaron un crecimiento económico de unos $500 millones.

"Le dieron el impulso determinante en el tema de la distribuición de alimentos'', reconoció Antonio Guerrero, abogado de Fernández en Venezuela.

Ese tratamiento preferencial, explicó Guerrero a El Nuevo Herald, ha sido utilizado por la defensa para justificar su petición de que se le conceda libertad bajo fianza a Fernández por su arraigo en el país.

FTI Consulting atribuye el gran impulso que tomó Fernández a que su competencia, el Grupo Polar, "asumió una actitud desafiante contra el gobierno, negándole las cosechas que estaban destinadas a suplir los programas'' de alimentación.

Chávez vio en Proarepa la solución para mantener el control de la seguridad alimenticia del país sin depender de los Mendoza, dueños de Polar, y Fernández se convirtió en su empresario de mayor confianza.

Un alto ejecutivo de una empresa venezolana, que no quiso ser identificado para evitar represalias del gobierno, comentó a El Nuevo Herald que Fernández era el único empresario a quien Chávez contestaba el teléfono sin antesalas ni filtros.

Pero esta relación, según las denuncias de la oposición antichavista, iba más allá de la empatía de Fernández con el proyecto político de Chávez.

En Venezuela, dirigentes de la oposición aseguran que Adán Chávez, hermano del presidente, se benefició con los contratos de Fernández.

"[Fernández] es un testaferro de Adán Chávez'', denunció el 24 de noviembre ante la Asamblea Nacional de Venezuela el diputado disidente Ismael García, del partido Por la Democracia Social (PODEMOS).

En siete años, Fernández pasó de arrendador de "un gimnasio y el estacionamiento del hotel Caracas Hilton'', a propietario de una flotilla de barcos cargueros y atuneros, y de la mayor hacienda ganadera de los llanos venezolanos, entre otros bienes, agregó García.

Adán ha negado en repetidas oportunidades que tenga una estrecha relación de negocios con Fernández, como se le atribuye.

En su auditoría, FTI Consulting reconoció que se ha dicho que Adán es cosignatario de una cuenta bancaria de Proarepa en el Banco Industrial de Venezuela, pero aseguró que la investigación privada demostró que Adán no tenía firma en la cuenta, no ha ocupado cargo alguno ni posee acciones en la empresa.

FTI Consulting negó también acusaciones de que la firma Rotch Energy Holding NV, propiedad de Fernández, haya sido una agencia autorizada para hacer negocios con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Según la auditoría, esta firma ha sido usada exclusivamente como accionista de otras empresas de la organización tales como Valores Mundiales SL. y Consorcio Andino SL.

La carrera que emprendió Fernández en el sector agroindustrial durante el gobierno de Chávez parecía imparable: de la recuperación de la planta de Venearroz pasó a la compra de la procesadora de granos Nutricos; luego adquirió una compañía de aceites y más tarde se hizo socio de Gruma, la gigante mexicana productora de tortillas que tiene una subsidiaria en Venezuela.

A su portafolio alimentario le agregó una flota de 12 barcos atuneros y tanqueros; procesadoras de pescado en Venezuela y Ecuador, el astillero Braswell de Panamá (con 1,500 empleados) y luego los bancos Confederado, Bolívar, Banpro y Canarias de Venezuela.

Cuando se produjo su arresto estaba en negociaciones con el magnate Oswaldo Cisneros, para adquirir la compañía de telecomuniciones Digitel por $840 millones.

Sólo una sombra fastidiaba su exitoso ascenso. En Estados Unidos algunas autoridades federales parecían interesadas en sus actividades. Según un estudio confidencial de una firma de investigaciones de Estados Unidos, en los ingresos que efectuó Fernández a este país en el 2003 ‘‘fue sujeto de minuciosos chequeos de las autoridades americanas'', entre las que se encontraban el Servicio de Aduanas.

Pese a su identificacion pública con la revolución bolivariana, Fernández disfrutaba de una oficina y un apartmento en la zona de Brickell, en Miami, y había creado dos sociedades a su nombre en Estados Unidos.

En una de ellas, American Air Condition, registrada en la Florida, figura como socio el ex general Gustavo Adolfo Sánchez, quien había sido presidente de Proal y miembro de la Comisión Nacional de Abastecimiento de Venezuela, puestos claves para los negocios de Fernández.

"El rol de Sánchez ha sido clave para el grupo Proarepa por su posicionamiento cercano al gobierno y sus contactos militares'', afirmó el estudio confidencial.

Un campanazo cercano confirmó a Fernández que el gobierno de Estados Unidos seguía sus pasos. En diciembre del 2004, su socio Sarkis Arslanian fue deportado a Venezuela desde el aeropuerto de Atlanta, tras arribar en un vuelo de Caracas.

Arslanian iba acompañado de Adán Esser, un administrador del grupo empresarial, y Liana Stoppa Martín, hermana de Daniela, esposa de Fernández. Liana era la gerente de Fextun, la empresa atunera emblemática de la organización de Fernández en Panamá.

Los tres fueron sometidos a una intensa revisión y devueltos a Venezuela. La visa de Arslanian fue cancelada por motivos que se desconocen.

Luego sería Fernández quien sufriría directamente un episodio igual de bochornoso. Agentes de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) confiscaron en mayo del 2007 su avión ejecutivo, un Raytheon Hawker 800, en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Fernández no iba a bordo.

En un afidávit de decomiso radicado en la corte federal de Miami, la DEA alegó que el avión había sido registrado ilegalmente con matrícula "N'', característica de Estados Unidos, pese a que ninguno de los dueños de la compañía (American Food Grain) era ciudadano estadounidense, como lo requiere la ley. Esa práctica, agregó el afidávit, es utilizada con frecuencia por lavadores de dólares y narcotraficantes para que sus aeronaves sean sometidas a menos revisiones en los aeropuertos internacionales.

Despúes de un año de discusiones entre la fiscalía y la firma de abogados Tew Cárdenas de Miami, que representaba a Fernández, se llegó a un arreglo en virtud del cual el empresario pagó una multa de $1 millón y se comprometió a vender el avión.

El documento del arreglo no hizo referencia alguna a la relación del avión con tráfico de drogas. Se limitó a describir la violación administrativa relativa a la utilización de la matrícula estadounidense.

No obstante, el fiasco dejó mal parado a Fernández en las bases de datos de la banca internacional, que suelen mostrar este tipo de incidentes cuando se consultan los antecedentes de sus clientes actuales y potenciales.

Los proveedores de repuestos para uno de los helicópteros de Fernández (un Bell 427) se negaron a recibir transferencias de una cuenta suya, según documentos de Comercial Atunera, propiedad de Fernández, obtenidos por El Nuevo Herald.

Preocupado por su imagen, Fernández autorizó a Cárdenas para que contratara a FTI Consulting, una firma transnacional con filial en Miami, que trató de limpiar su nombre ante las autoridades de Estados Unidos. Según la firma, Fernández había sido víctima de una campaña de difamación orquestada por sus enemigos y competidores.

A su vez, Fernández ordenó que se pusiera en marcha un programa de seguridad en su flota de barcos atuneros y tanqueros, con sede en Panamá, a fin de prevenir cualquier escándalo de trasiego de drogas.

En medio de esta campaña de limpieza de su imagen, explicó una fuente que trabajó con los servicios de inteligencia de Venezuela, el gobierno de ese país se enteró de que Fernández tuvo al menos una conversación con agentes federales de Estados Unidos.

Ese contacto, agregó la fuente que pidió no ser identificada, preocupó a funcionarios de inteligencia del gobierno de Chávez, que pensaban que Fernández estaba pasando datos de la familia presidencial a los investigadores federales.

Joseph De María, abogado de Fernández en Estados Unidos para el caso del avión, dijo a El Nuevo Herald hace dos semanas que en el documento firmado con el gobierno federal su cliente no se comprometió a cooperar con las autoridades de este país.

Precisó que Fernández se limitó a aceptar el pago de una multa y la venta del avión por un problema relacionado exclusivamente con la matrícula de la aeronave pero no con asuntos de drogas.

"Allí no se habló de nada más y el documento era un arreglo, no un acuerdo de cooperación'', aclaró De María. "Si eso ocurrió [la cooperación], no fue a través mío''.

Para Guerrero esta versión de la causa por la que cayó en desgracia su cliente no es extraña.

"Quizás eso que usted me señala coincide mucho con la información que se lanzó aquí'', afirmó Guerrero. "Se está viviendo un proceso en que para descalificar a alguien se le señala de antirrevolucionario''.

Guerrero dijo que la versión es tan descabellada, que desconoce que las relaciones de Fernández con Estados Unidos no son buenas.

"Yo creo que él ya no tiene visa de Estados Unidos'', agregó.

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