La fiscalía de Miami colabora en caso de corrupción de alcalde colombiano

 

greyes@elnuevoherald.com

Un ex alcalde de la ciudad de Armenia, en Colombia, fue arrestado a finales del año pasado por cargos de peculado como resultado de una investigación en la cual fiscales colombianos acudieron a un recurso pocas veces usado en América Latina para la lucha contra la corrupción: el acceso a cuentas bancarias en Estados Unidos con la cooperación de la fiscalía federal.

David Barros Vélez, quien fue alcalde del 2004 al 2007, está acusado de peculado por apropiación en cuantía de $3 millones por la adquisición de cámaras de seguridad para la ciudad a precios inflados.

Durante la investigación, el fiscal del caso logró establecer que Barros era el titular de una cuenta en el Bank of America, sucursal de Brickell, donde presuntamente se habrían depositado dineros oficiales.

La información fue obtenida luego de que el fiscal colombiano dirigió una carta rogatoria a la fiscalía del sur de la Florida en marzo del año pasado basándose en la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal.

Según la convención, en vigor desde 1992, los estados que se acojan al acuerdo deben prestar asistencia en investigaciones, juicios y actuaciones en materia penal referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del país requiriente.

La fiscalía colombiana pidió que se estableciera si en el mismo banco fue abierta una cuenta a nombre de Blackman Overseas Group (BOG), una compañía incorporada en las Islas Británicas y con domicilio en el 782 de LeJeune Road, Miami.

Los dineros depositados en la cuenta "no fueron declarados como ingresos por el ex alcalde durante el tiempo en que ocupó el cargo'', señaló el fiscal 14 seccional, Jorge Eduardo García Giraldo.

Pese a que la mayoría de los países de América Latina han firmado esta convención y otros tratados de cooperación mutua con Estados Unidos, una revisión de las cartas rogatorias en ese sentido dirigidas al Distrito Sur de la Florida arroja que son contados los jueces latinoamericanos que utilizan el recurso para combatir la corrupción.

Y los pocos países que acuden al mecanismo internacional no envían más de tres peticiones al año.

El año pasado, en materia de corrupción, aparte de la solicitud de Colombia, Perú requirió información sobre cuentas de empresarios que se aliaron con el ex asesor de seguridad Vladimiro Montesinos en un esquema de supuesto enriquecimiento ilícito y sobornos para obtener contratos del gobierno.

Las personas sobre quienes se pide información bancaria son Enrique José Benavides Morales, Moshe Rothchild, Claus Corpancho Kleinicke, Judith Quiñones y Víctor Palacios. Las cuentas bajo escrutinio fueron abiertas en el banco Credit Lyonnais, Union Platters Bank, Sun Trust Bank, Banco Hapolin, Bank Atlantic y Banque Nationale de París, todos con sede o sucursal en Miami.

Argentina, uno de los países que más solicitudes presentó durante el 2009, pidió a los fiscales estadounidenses información en marzo del año pasado sobre una cuenta bancaria en el Bank Atlantic de Miami.

De acuerdo con la petición del fiscal Guillermo Fernando Marijuán se descubrió una banda de estafadores que desviaban las líneas telefónicas de Telecom Argentina para hacer transferencias de las cuentas bancarias de los titulares de dichas líneas telefónicas hacia el banco en Miami.

En una carta rogatoria radicada en diciembre del 2009, las autoridades argentinas pidieron colaboración para investigar los documentos de la firma Sterling Financial Investment Group, en Boca Ratón. La firma está bajo investigación por un caso de un supuesto fraude de $5.2 millones cometido contra el Banco Nacional de Argentina. Bajo investigación se encuentra Carlos Freites, según el documento.

Las demás solicitudes se refieren a casos de evasión de impuestos, fraudes con pólizas de seguro o en herencias familiares.

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