La extradición a Estados Unidos de los principales cabecillas del paramilitarismo en Colombia podría dejar en total impunidad miles de casos de asesinatos, desapariciones y torturas así como de corrupción con los cuales ellos venían cooperando, según un estudio del consultorio jurídico internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, California.

De acuerdo con el informe Verdad tras las rejas, la cooperación de los cabecillas de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con los fiscales colombianos se encuentra prácticamente suspendida por problemas logísticos, amenazas y la lentitud en la cooperación del gobierno de Estados Unidos.

"La inversión de Estados Unidos en Justicia y Paz está en peligro'', señaló el estudio. "Después de cinco años de recibir sustancial financiamiento de Estados Unidos, el proceso de Justicia y Paz se ha estancado''.

Sólo cinco de los 30 extraditados continuaron colaborando desde EEUU con la ley de Justicia y Paz. De éstos, dos suspendieron sus declaraciones por demoras inexplicables, la imposibilidad de conversar con sus subalternos para reconstruir los hechos y amenazas a sus familiares en Colombia, agregó el estudio.

Se citó como ejemplo a Ramiro Vanoy, uno de los paramilitares extraditados, quien suspendió su cooperación en octubre del año pasado después de que cuatro hijos suyos fueron secuestrados y un sobrino asesinado.

La abrupta interrupción del proceso desde el 2008 ha tenido también un efecto adverso en la reparación de las víctimas del paramilitarismo, escribieron los autores del estudio de la Clínica Jurídica Internacional de Derechos Humanos de la universidad californiana.

Pese a que EEUU ha identificado bienes y patrimonios de 21 de los 30 extraditados, "no hay ninguna indicación de que funcionarios estadounidenses hayan transferido ninguno de estos recursos a las víctimas colombianas'', agregó el informe.

El Departamento de Justicia ha sido también muy lento en responder a las solicitudes de cooperación judicial en estos casos, plantearon los investigadores.

En mayo del 2009, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Colombia identificó 54 peticiones no respondidas entre las que se encuentra una diligencia de interrogatorio a Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, que ha estado pendiente desde hace 10 meses.

El Departamento de Justicia no respondió a una llamada y un correo electrónico de El Nuevo Herald para conocer los comentarios sobre el informe.

Un total de 14 de los cabecillas más importantes de las AUC fueron extraditados en mayo del 2008 para que respondieran por cargos de narcotráfico ante cortes de Miami, Nueva York y Washington, entre otras.

Antes y después de la extradición de este grupo, el gobierno de Colombia envió a EEUU a otros 16 ex paramilitares.

Cuando los principales cabecillas fueron extraditados, el presidente colombiano Alvaro Uribe justificó la decisión acusándolos de haber violado los acuerdos de la ley de Justicia y Paz.

"Habían reincidido en el delito, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega'', afirmó Uribe.

Esta semana la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía colombiana informó que los ex paramilitares han confesado hasta ahora haber cometido 30,470 asesinatos, 2,500 desapariciones forzadas y 1,000 masacres en diferentes regiones del país.

Según el informe de la Universidad de California, los testimonios de los ex líderes paramilitares no sólo son fundamentales para reconstruir el historial de masacres y desapariciones de las AUC, sino para que la justicia colombiana pueda probar los nexos de las AUC con empresas nacionales y extranjeras y con políticos corruptos colombianos.

De los 30 extraditados, 13 han llegado a acuerdos de culpabilidad con fiscales de EEUU. Los investigadores lamentan que estos acuerdos no contemplen ningún incentivo para que los acusados revelen los detalles de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.

Entre las recomendaciones, el estudio propone que los paramilitares extraditados sean confrontados por los fiscales por violaciones de "todas las leyes federales'', incluyendo tortura.

Pero en algunas de las audiencias en cortes norteamericanas, los fiscales han dejado entrever que su misión es condenar a los ex paramilitares por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, y no por delitos que no están consignados en las acusaciones por las que fueron extraditados.