Pocos parecían creer en la historia de Pablo Díaz Naranjo. Este detective privado del Ecuador que participó en el 2007 en el frustrado rescate de una histórica custodia religiosa con más de 3,500 incrustaciones de piedras preciosas, aseguraba que la operación había terminado en un fiasco macabro.

Según Díaz, los nueve sospechosos del robo, cinco colombianos y cuatro ecuatorianos, fueron torturados y ejecutados en poder de la policía en una masacre "celebrada con gritos de felicidad''.

Pero sus denuncias no tenían eco.

Pensaban que Díaz era una charlatán que estaba resentido porque el gobierno no quiso pagarle una recompensa de $1 millón por su participación en la operación.

Entonces Díaz, de 57 años, se dedicó a radicar memoriales en numerosas dependencias del gobierno ecuatoriano y de Colombia.

Quería dejar constancia no solamente del desdén oficial sino de la alegría que les causó a algunos funcionarios ecuatorianos enterarse de que las víctimas eran en su mayoría de Colombia, según copias de las denuncias en poder de El Nuevo Herald.

Díaz, quien trabajó en equipo con la policía ecuatoriana durante más de 20 años, tocó las puertas de la presidencia de Ecuador, donde fue recibido. Denunció además los hechos personalmente ante la Fiscalía General del Estado y en noviembre del 2008 ante la policía, describiendo detalles impresionantes.

"Lo que voy a decir es diabólico pero es la verdad. La masacre era celebrada con alaridos y gritos de felicidad cada vez que ejecutaban a cada uno de los secuestrados'', declaró Díaz ante la oficina de Asuntos Internos de la Policía del Ecuador, según una copia de la declaración obtenida por El Nuevo Herald.

La fiscalía desestimó las denuncias. Díaz debió dejar Ecuador bajo amenazas de muerte, según explicó, y se estableció en Miami en agosto del año pasado.

Ahora su insistencia y la perseverancia de su abogada en Ecuador, Djalma Blum, quien también representa a las viudas de dos desaparecidos, están rindiendo frutos.

El Nuevo Herald recibió de la presidencia del Ecuador una serie de documentos que reflejan que la investigación de Asuntos Internos de la Policía ha avanzado ostensiblemente en una dirección contraria a la exoneración de la fiscalía.

En uno de los documentos enviados por el subsecretario de Comunicación de la Presidencia, Patricio Barriga, se afirma que la policía ha realizado diversas diligencias para establecer la responsabilidad de los tenientes coroneles Marcelo González Villagómez y Eduardo Mosquera, que fueron denunciados por Díaz.

A raíz de la solicitud de El Nuevo Herald a la Presidencia sobre la situación de la investigación, Luis Carrera Hara, teniente de la policía a cargo de la pesquisa interna, explicó que se han adelantado numerosas diligencias y pidió una prórroga para la entrega de resultados argumentando la necesidad de practicar más pruebas.

La semana pasada, Blum dijo a El Nuevo Herald que fue informada por parte de la Comandancia General de la Policía que el reporte determinó la desaparición forzosa de dos ecuatorianos en manos de oficiales de la policía.

Según Blum, el informe es explosivo, y este proceso, que comenzó con un estruendoso fracaso policial en la recuperación de la custodia de Riobamba, una venerado tesoro colonial orgullo histórico del Ecuador, podría terminar en una corte internacional de derechos humanos por delitos de lesa humanidad.