En un nuevo capítulo de uno de los escándalos más graves del gobierno del presidente Alvaro Uribe, la fiscalía de Colombia acusó a altos ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia, de participar en una campaña criminal de desprestigio de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Dentro de una investigación paralela, la fiscalía estudia un voluminoso dossier incautado al DAS que contiene detalles de operaciones de persecusión y en algunos casos amenazas de muerte contra opositores del gobierno, periodistas, miembros de organizaciones no gubernamentales y derechos humanos tanto nacionales como extranjeros.

En una de las operaciones de guerra sucia se preveen acciones de amenazas, chantaje y terrorismo así como ataques a servicios públicos que supuestamente se atribuiría a los enemigos y opositores del gobierno.

"No salgo de mi asombro, cada día el asunto es peor, es más repugnante y más grave'', afirmó el periodista radial Juan Gossain al revelar en abril algunos de los documentos de las operaciones Amazonas, Transmilenio y Bahía incautados al DAS. "Es un crimen monstruoso. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo calló o lo encubrió? Eso es lo que la justicia está intentando establecer, pero no me cabe duda de la monstruosidad de esto''.

En el escrito de acusación radicado el lunes ante los jueces penales del Circuito de Bogotá, se afirmó que las actividades ilegales de desprestigio contra los magistrados, ‘‘al parecer fueron requeridas y conocidas por altos funcionarios del Gobierno Nacional'', según informó el diario El Tiempo.

Consultado sobre este aspecto, el vocero de la fiscalía, Germán Gómez, aseguró a El Nuevo Herald que se remitía al comunicado de prensa de esa entidad.

Según el comunicado, los acusados son Fernando Tabares Molina, ex jefe de inteligencia del DAS; Jorge Alberto Lagos León, ex subdirector de inteligencia; Luz Marina Rodríguez Cárdenas, ex directora general operativa; y Bernardo Murillo Cajamarca, ex jefe del área de anticorrupción.

Se les responsabiliza de los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.

La campaña de desprestigio, motivo de la denuncia del lunes, también afectó a los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro, hoy candidato presidencial.

El objetivo de las operaciones dirigidas a los magistrados sería recaudar información sobre sus vidas privadas para realizar las campañas de descrédito.

Un tenso historial de fricciones de Uribe con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aparece como telón de fondo del escándalo. El choque de poderes se agudizó cuando la corte asumió en el 2006 la investigación de los vínculos de congresistas y políticos con los líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En un proceso que se conoció como "la parapolítica'', la corte acusó o envió a la cárcel a casi todos los miembros del movimiento político que llevó a Uribe a la presidencia, entre quienes se encontraba un primo segundo del mandatario, el ex senador Mario Uribe, detenido en febrero de este año.

La confrontación se hizo evidente cuando el magistrado a cargo de esta investigación, Iván Velásquez, denunció que el presidente Uribe lo llamó para pedirle explicaciones por haber llamado a indagatoria a su primo en enero del 2007.

Uribe negó que ese hubiera sido el propósito de su llamada.

De acuerdo con las denuncias de los afectados, en medio de este enfrentamiento, el gobierno puso el DAS a su servicio para desprestigiar a los magistrados y opositores. Algunos de las intercepciones telefónicas comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, particularmente en la revista Semana, que le dedicó dos artículos de portada al escándalo de las intercepciones conocido como "las chuzadas''.

En una de las conversaciones que presuntamente fue interceptada por el DAS, se escucha al magistrado Velásquez hablando con su familia, sus escoltas y otros miembros de la corte.

Los escándalos del DAS durante los dos períodos de gobierno de Uribe enviaron a la cárcel a su primer director, Jorge Noguera, y produjeron la apertura de una investigación criminal contra su sucesora, María Del Pilar Hurtado, al tiempo que una decena de sus directivos afrontan acusaciones de espionaje ilegal.

Ante esta situación, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, anunció el mes pasado que suspendía indefinidamente la asistencia al organismo.

Hollman Morris, uno de los periodistas víctima de la persecusión del DAS, acusó a Uribe en febrero de ser "el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) del DAS en contra del periodismo y la libre expresión en el país''.

El vicepresidente Francisco Santos salió en defensa de Uribe y aseguró que el escándalo podría ser "un plan orquestado'' para afectar las elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo.