Durante un período de 17 días el mes pasado, Guatemala parecía estar cayendo bajo el control directo de presuntos mafiosos. Un abogado al frente de una pandilla de personajes siniestros ocupó el cargo de fiscal general y comenzó a desmantelar el aparato legal del estado.

El país más populoso de Centroamérica estuvo al borde de quedar sometido al control de los narcos. Aunque la designación de Conrado Reyes como fiscal general ha sido anulada y la frágil democracia de Guatemala sobrevivió la catástrofe, todavía está en una cuerda floja, según defensores de la democracia y los derechos humanos.

Como una nación productora de café con 13.5 millones de habitantes, 40 por ciento de los cuales son marginados indios mayas, Guatemala se ha mantenido por lo general al margen de la atención mundial. Pero, mientras Estados Unidos daba abundante ayuda contra el narcotráfico a México y Colombia, la región intermedia se llenó de narcos.

Guatemala se convirtió en un destino de primera. Aunque las instituciones estatales parecen funcionar, la corrupción está generalizada, y la droga está en todas partes. Entre 275 y 385 toneladas de cocaína sudamericana pasan por Guatemala cada año, casi lo suficiente para satisfacer la demanda total de Estados Unidos, de acuerdo con un cálculo hecho en marzo por el Departamento de Estado.

Los carteles del vecino México trajeron la violencia a los escalones del poder. Literalmente. Narcos que exigían el final de una ola de represión contra el crimen organizado tiraron cuatro cabezas humanas en las escalinatas del Congreso y otros lugares del centro de la Ciudad de Guatemala el 10 de junio.

Las pandillas de narcotraficantes operan con una libertad casi total. Hasta siete de las 22 provincias de Guatemala podrían estar fuera del control del gobierno, lo cual hace de éste "uno de los países más peligrosos del mundo'', según un informe del 22 de junio del Grupo Internacional de Crisis, una organización radicada en Bruselas.

La impunidad es la ley. Un débil sistema judicial mantiene fuera de la cárcel a la mayoría de los políticos corruptos, asesinos pagados, traficantes de armas y de drogas de Guatemala. La cosa llegó al punto de que las Naciones Unidas establecieron una comisión especial en el 2006 para ayudar a Guatemala a desmantelar sus vastas redes clandestinas de crimen organizado, y al hacerlo dar esperanza a los guatemaltecos de que se haga justicia.

Esto sigue siendo una meta remota. Aunque la administración del presidente Alvaro Colom ha expulsado a más de 2,000 agentes de la policía nacional, la corrupción corroe los pilares del estado. Los últimos dos jefes de la policía nacional están en la cárcel acusados de cargos relacionados con el narcotráfico. Dos ex ministros de Gobernación son fugitivos de la justicia.

Al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU estaba Carlos Castresana, un ex juez español austero y sin pelos en la lengua. Pagando un alto precio personal, logró el mes pasado salvar del precipicio a Guatemala, en una extraordinaria cadena de sucesos.

El comienzo del drama ocurrió al mediodía del 25 de mayo, cuando Colom juramentó como fiscal general a Reyes, quien era abogado. En aquel momento, pocos sospechaban que Reyes pudiera estar representando organizaciones criminales. Después de todo, se había destacado entre 29 candidatos en un proceso de selección encabezado por los decanos de las nueve escuelas de Derecho del país, el jefe del Tribunal Supremo y otros dos altos funcionarios legales.