Desde el domingo, las autoridades han recibido mensajes de apoyo de diversas personalidades, entre ellas los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Colombia, Juan Manuel Santos; Ecuador, Rafael Correa, y Perú, Alan García, así como del jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo criticó a de los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, por no haber adoptado las medidas de seguridad que hubieran evitado el accidente.

Bohn dijo el lunes a Radio Cooperativa que él y su socio no tienen "ninguna intención de seguir con el yacimiento San José por el momento'' y agregó que no hay certeza de que la empresa pueda seguir pagando el salario de los trabajadores.

Al respecto, el ministro Golborne les reprochó que no garanticen el pago de los salarios a las familias de los trabajadores, las cuales ya han anunciado la presentación de una querella en contra de los empresarios.

Además, Brunilda González, alcaldesa de Caldera, localidad cercana a la mina, interpuso el lunes una querella en contra de quienes resulten responsables del accidente, que se une a una investigación abierta por la fiscalía que va dirigida contra los dueños de la mina y los funcionarios públicos que permitieron su reapertura a pesar de los accidentes ocurridos en los últimos años.

Mientras tanto, en el campamento "Esperanza'', que desde hace dos semanas alberga a las familias de los 33 obreros, se respiraba el lunes un ambiente de optimismo.

El cartel colgado en las cercanías de la mina que dice "La fe mueve montañas'' parece tener hoy más sentido que nunca, ya que muchos consideran un milagro que todos los trabajadores hayan sobrevivido después de 18 días atrapados a más de 700 metros bajo tierra.