Un juez federal de Massachusetts falló en contra de la poderosa familia Vicini, de República Dominicana, que había demandado por difamación y falsedad a los productores de un documental acerca de las condiciones deplorables de trabajadores de un ingenio azucarero de su propiedad.

El juez Douglas P. Woodlock, concluyó que los Vicini no lograron demostrar una intención maliciosa de la firma Uncommon Productions y William Haney III, productores del documental The Price of Sugar (El precio del azúcar), que se exhibió en EEUU en el 2007.

Buena parte del video se basa en entrevistas con el sacerdote hispano-inglés Christopher Hartley, quien durante varios años denunció los atropellos contra los trabajadores haitianos en los bateyes del este dominicano.

En uno de los puntos más críticos de la querella, Felipe y Juan Vicini Lluberes, alegaron que los documentalistas los difamaron al mostrar a Hartley denunciando sin pruebas que la familia Vicini ‘‘tiene mucha sangre en sus manos''. Hartley agregó en ese segmento que "la gente desaparece y la gente nunca es encontrada''

Los Vicini sostuvieron que estas declaraciones implican que ellos asesinan y/o secuestran personas.

Pero el juez no acogió ese argumento indicando que no hay evidencias de que los acusados hayan encontrado "contradicciones persuasivas o concluyentes'' en sus esfuerzos por corroborar la versión de Hartley.

"Aún si las fuentes del acusado en la declaración no son tan confiables como debían ser, y esta circunstancia podría evidenciar cierta negligencia de parte de los productores de la película, eso no es suficiente para los propósitos de una malicia inminente'', escribió Woodlock.

Hartley, quien salió de Dominicana en el 2006, no está acusado en la querella.

En un comunicado de prensa revelado por la prensa dominicana, los Vicini destacaron que aunque la demanda fue desestimada, "en uno de sus considerandos, estableció que hay indicios de posible difamación y negligencias en la película''.

El comunicado agregó que los demandantes evalúan las alternativas legales, incluyendo si se apela el fallo.

Originalmente, los Vicini habían señalado 53 declaraciones difamatorias y falsas del documental, las cuales se redujeron a siete. Entre las falsedades enumeraron varias imágenes negativas de bateyes que no pertenecen a la familia. También refutaron el argumento de que son figuras públicas, un estatus que ofrece mayor protección legal a los demandados.

Los Vicini sostuvieron que no pueden ser considerados "figuras públicas limitadas'' en Estados Unidos por cuanto la controversia se circunscribe a Dominicana.

El juez no acogió esos argumentos al fallar que las condiciones de los trabajadores de la caña de azúcar en Dominicana ya habían sido denunciadas en medios de Estados Unidos como El Nuevo Herald y Univisión.