Un juez federal de Nueva York desestimó por falta de jurisdicción una explosiva demanda del banquero venezolano Eligio Cedeño en la que acusó de extorsión y lavado de dinero a funcionarios del gobierno del presidente Hugo Chávez, pero no descartó que las acusaciones sean convincentes.

El juez Jed Rakoff advirtió en su fallo que no obstante el problema de jurisdicción ‘‘los terribles acontecimientos alegados en la demanda pueden ser perfectamente convincentes en vista de lo que generalmente se sabe sobre el régimen de Chávez''.

En la querella de 75 páginas, Cedeño describe pagos de sobornos y un largo historial de oscuros episodios de arreglos judiciales y chantajes que alega haber sufrido cuando se encontraba bajo arresto en Venezuela en conexión con un millonario fraude cambiario en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Cedeño, quien reside en Miami, fue detenido en Venezuela en febrero del 2007 por el caso de Cadivi. Se le acusó de participar en el fraude. Recibió libertad provisional el 10 de diciembre por órdenes de la jueza María Lourdes Afiuni mientras se le seguía juicio.

Doce días después, Cedeño llegó a la Florida, donde solicitó asilo. El gobierno de Venezuela lo está pidiendo en extradición.

"El señor Cedeño utilizó esta demanda para evitar la extradición a Venezuela'', dijo a El Nuevo Herald Michael Díaz, abogado de uno de los acusados. "Ha sido una decisión correcta en derecho y una victoria significativa para las autoridades venezolanas, quienes han pedido a Estados Unidos la extradición de Cedeño''.

Entre los acusados se encuentran el ex ministro de Justicia de Venezuela, Pedro Carreño; el ex fiscal y hoy embajador ante España, Julián Isaías Rodríguez Díaz; el ex director de Cadivi y en la actualidad superintendente bancario, Edgar Hernández Behrens; y la hoy representante de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarollo, Adina Mercedes Bastidas.

También señaló al empresario Ricardo Fernández Barruecos, preso en Venezuela, de haberlo presionado para que cediera la propiedad de sus bancos a un precio desventajoso a cambio de su libertad.

La empresa Microstar, una de las mayores distribuidoras de computadores en Venezuela y su presidente Gustavo Arráiz, quien también está detenido, figuran en la demanda como el centro de una millonaria importación ficticia de equipos que se hizo para obtener dólares preferenciales de Cadivi.

En un esfuerzo por probar la conexión del supuesto esquema corrupto en Estados Unidos bajo la Ley RICO (concierto para delinquir), la demanda sostiene que el Banco Central de Venezuela mantenía un cuenta en el Bank of America de Nueva York para canalizar los dólares de Cadivi.

Algunos de los acusados, en su capacidad de miembros de la junta directiva de esa entidad, entregaban los dólares "a aquellos solicitantes que pagaban sobornos suficientes o que tenían suficiente influencia política para obtener acceso al dinero estadounidense'', aseguró la demanda. Entre los miembros de la junta directiva de Cadivi a quien la demanda compromete se encuentran María Espinosa de Robles, Alfredo Pardo Acosta y Maigualida Angulo.