Los 20 demandados "se enriquecieron, extorsionaron, apresaron y/o destruyeron a quienes percibían como sus enemigos [. . .], financiaron actividades que el gobierno bolivariano desea apoyar secretamente, pero que no son tema de esta demanda, incluyendo [. . .] narcotráfico y el respaldo de grupos terroristas'', afirmó la demanda.

Varios de los acusados respondieron a la querella y a otros no fue posible notificársela en Venezuela.

"En simples términos, esta demanda es un manifiesto político enmascarado en una acción RICO. La demanda es un revoltijo de quejas políticas y alegatos sin fundamento contra el gobierno, el liderazgo y las políticas de Venezuela'', escribió Denis H. Tracey, quien representa a Bastidas.

Jonathan Auerbach, uno de los abogados de Cedeño en Nueva York, consideró ofensivo y absurdo el comentario de Díaz de que el motivo de la demanda de su cliente sea reforzar su petición de asilo y eludir la extradición.

"Decir que esa es la intención del señor Cedeño, sin considerar que cuando la demanda se presentó [noviembre de 2009] él estaba en un calabozo en Caracas, y no había ninguna solicitud de asilo político, es lunático'', afirmó Auerbach.

Thomas Dewey, de la misma firma que representa a Cedeño, dijo a El Nuevo Herald que si bien el fallo del juez es adverso "en ninguna parte critica los méritos de la de demanda''.

Los demandantes argumentaron que la Ley RICO no se puede aplicar a actos cometidos en el exterior. Fue un criterio que acogió el juez al afirmar que las conexión con Estados Unidos podría ser "muy marginal o problemática para sustentar aquí una demanda de RICO''.

Los abogados de Cedeño dijeron que apelarán el fallo haciendo énfasis en que las actividades de lavado de dinero, aunque se originan en Venezuela, afectan el sistema financiero de Estados Unidos.