Acosado por el constante riesgo de que lo secuestren, el ganadero venezolano Gustavo Martínez vive como si fuera un fugitivo; nunca avisa cuando se dirige a su finca, siempre altera las horas en que viaja, frecuentemente cambia las rutas y mantiene un ojo puesto en el espejo retrovisor para ver si lo están siguiendo.

Y es que la inseguridad personal --en un país considerado como uno de los más peligrosos de América Latina-- es un tema de gran preocupación entre los ganaderos, especialmente en el sur de El Lago de Maracaibo, donde vive Martínez, y donde la industria del secuestro se encuentra en pleno apogeo.

Pero es el temor a que le expropien sus tierras, bajo posesión de la familia de Martínez por más de tres generaciones, lo que más le quita el sueño a este productor agrícola y agropecuario de 56 años.

"No hay quien te garantice la propiedad'', dijo Martínez a El Nuevo Herald en una entrevista telefónica. "El gobierno dice que la tierra es del Estado, que no tiene dueño [. . .]. Es muy duro ver que lo que fue parte de tu tradición familiar pase a manos de unos fascinerosos porque están bien con el gobierno''.

Como Martínez son miles los productores agropecuarios y empresarios de otros sectores los que sienten estar viviendo perennemente bajo la Espada de Damocles en Venezuela y que tratan de sobrevivir en un ambiente que es cada vez más hostil, marcado por una alta volatilidad económica, la inseguridad personal, políticas gubernamentales que desestimulan la inversión privada y una constante amenaza de que sus activos sean expropiados.

Expertos advierten que los riesgos para el empresariado podrían ser aún mayores con una victoria del oficialismo en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, ante la promesa del presidente Hugo Chávez de que radicalizará más su revolución socialista de salir airoso en los comicios.

Economistas consultados por El Nuevo Herald dijeron que hay muy pocas dudas en Venezuela de que eso es precisamente lo que el mandatario se propone hacer.

"Todo el mundo se lo espera'', afirmó Asdrúbal Oliveros, director de la firma de asesores Ecoanalítica. "Eso es lo que ya ha venido haciendo, con toda una aprobación de leyes que ha venido tomando esta Asamblea Nacional, algunas que ya han sido aprobadas y otras que están en discusión''.

El grueso de estas nueva leyes buscan reemplazar los espacios actualmente ocupados por el sector privado por empresas comunales operadas bajo una estrecha vinculación con el Estado, bajo un esquema denominado por el gobierno como propiedad social o propiedad comunal.

Una vez que ese esquema ya esté creado, Oliveros dijo que Venezuela podría ver una mayor ola de expropiaciones, acentuando aún más la incertidumbre del empresariado.

"El empresario venezolano se levanta hoy en día con dos cosas en la cabeza. La primera de ellas es: ‘¿Seré yo la próxima víctima de una expropiación, de una nacionalización?' Y la segunda: ‘¿Podré obtener las divisas para los trámites de importación o de compras de insumo?'. Porque al problema ideológico hay que sumarle el problema de una profunda escasez de divisas que está viviendo Venezuela en los últimos meses'', indicó Oliveros.