Dirigentes legislativos en al menos una docena de estados están planteando que propondrán iniciativas de ley similares a la polémica ley para combatir a la inmigración ilegal que adoptó Arizona la primera pasada, aun cuando un tribunal federal suspendió sus disposiciones centrales.

Los esfuerzos, liderados por los republicanos, son parte de una ola de acciones estatales que se avecinan este año, orientadas a ejercer medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

Los legisladores también anunciaron medidas para limitar el acceso a universidades públicas y otras prestaciones a inmigrantes indocumentados y castigar a empleadores que los contraten.

La semana próxima, al menos cinco estados planean comenzar un esfuerzo inusual y coordinado para cancelar la naturalización automática para hijos nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados.

Los oponentes dicen que ese esfuerzo sería inconstitucional, y argumentan que el poder de otorgar la ciudadanía reside en el gobierno federal, y no en los estados. No obstante, las posibilidades de que se aprueben muchas de dichas medidas parecen mejores que en ningún otro momento desde el 2006, cuando muchos estados, frustrados por la falta de acción de Washington, empezaron a proponer iniciativas para detener la inmigración ilegal.

Los republicanos ganaron más de 690 escaños en las legislaturas estatales en todo el país en las elecciones intermedias de noviembre, y ganaron su representación más fuerte en el ámbito estatal en más de 80 años.

Pocas personas esperan movimiento sobre los problemas de inmigración cuando el Congreso se vuelva a reunir la semana entrante en un Washington dividido. Los republicanos, que controlarán la Cámara de Representantes, no apoyan la reforma de las leyes migratorias que el presidente Barack Obama prometió seguir impulsando. Los legisladores estatales dicen que ha recaído en ellos tener que actuar.

"El fracaso del gobierno federal para poner orden en nuestra frontera ha convertido funcionalmente a cada estado en uno fronterizo'', explicó Randy Terrill, un representante republicano en Oklahoma, quien ha liderado la campaña por las leyes contra la inmigración ilegal ahí. "Esto es federalismo en acción'', dijo. "Los estados están interviniendo y llenando el vacío dejado por el gobierno federal''.

Sin embargo, las propuestas ya han generado oposición de algunos organismos empresariales. Y están obligando a un examen introspectivo estratégico dentro del Partido Republicano a escala nacional, con una base populista en aumento por un lado exigiendo medidas migratorias duras y, por la otra, los tradicionales partidarios republicanos en la empresa y un electorado latino en rápido crecimiento que se oponen a ellas.

En Utah, un estado dominado por republicanos, dirigentes empresariales, de las fuerzas del orden, de varias iglesias y de la comunidad latina buscaron tender un puente sobre la división al reunirse en noviembre en torno a un pacto para exhortar a la moderación en los problemas migratorios.

Es posible que no entren en vigor inmediatamente algunas de las medidas más polémicas, incluidas iniciativas de ley al estilo Arizona y aquellas cuyo objetivo es eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos nacidos estadounidenses de padres inmigrantes indocumentados. Latinos y organizaciones legales de defensoría de inmigrantes se estên preparando para un montón de demandas judiciales.