La Iglesia Católica de Venezuela dijo el martes estar profundamente preocupada por una serie de leyes aprobadas recientemente que pretenden instaurar un régimen de gobierno totalitario en el país e instó a los venezolanos a que luchen pacíficamente por la defensa de sus derechos.

En un pronunciamiento cuidadosamente escrito, los obispos venezolanos congregados en la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) también lanzaron un llamado al presidente venezolano Hugo Chávez para que rechace la recién aprobada Ley Habilitante, que lo faculta para gobernar por año y medio sin la intromisión de la Asamblea Nacional.

La Ley Habilitante "es un inaceptable desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre'', señaló el documento que recoge las conclusiones de la Conferencia Episcopal.

"El Gobierno y la Asamblea Nacional [anterior] priorizaron una agenda ideológica destinada a la implantación de un sistema socialista y totalitario de Estado y de gobierno contrario a la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela'', declaró el documento.

El pronunciamiento se produce en momentos en que diversos sectores del país han expresado su descontento por el paquete de leyes aprobadas aceleradamente en la última Asamblea Nacional para radicalizar la revolución socialista que adelanta Chávez.

Las leyes, cuyo efecto la oposición dice que constituye un golpe de Estado desde el propio Estado, crean entre otras cosas una estructura de poder paralela a la establecida por la Constitución.

En la declaración, los obispos dijeron que es el deber del pueblo venezolano exigir el respeto de la Constitución vigente.

"Todos los ciudadanos y, de manera particular los cristianos, estamos llamados a dar nuestra contribución al bien común, exigiendo con firmeza el respeto del orden constitucional y legal, y colaborando a la resolución pacífica de los conflictos'', señaló el documento.

"Nadie debe delegar en otros su propia responsabilidad de ser constructor de la paz'', sostuvo.

Las relaciones entre el gobierno y la cúpula eclesiástica se agrietaron a mediados del año pasado luego de que el cardenal Jorge Urosa Savino denunció que el país estaba avanzando hacia un "estado socialista'' de corte "marxista-comunista''.

Chávez respondió calificando a Urosa de "troglodita'' y ordenó revisar el convenio que tiene el gobierno venezolano con el Vaticano, que le da prioridad a la Iglesia Católica sobre el resto de las iglesias.

De acuerdo con las principales encuestadoras locales, la cúpula eclesiástica tiene una alto grado de credibilidad en Venezuela, donde más de la mitad de sus 28 millones de habitantes dice profesar la religión católica.

Los obispos advirtieron que muchas de las leyes aprobadas restringen los derechos y las garantías contempladas en la Constitución.

Entre estas, la Iglesia dijo sentir especial preocupación por las denominadas leyes del Poder Popular, que confieren atribuciones a las comunas, directamente vinculadas al Ejecutivo Nacional, en perjuicio de la estructura federal descentralizada del Estado.

Estas nuevas estructuras de gobierno "no se corresponden con la organización político-territorial de la República establecida en la Constitución, crean unas estructuras nuevas, con un contenido ideológico excluyente, centralizador y presidencialista, e invaden el ámbito de competencias de las Gobernaciones, Alcaldías y Parroquias'', resaltó el texto del documento.

Asimismo, los obispos criticaron las nuevas leyes relacionadas con las telecomunicaciones, los partidos políticos y las universidades, diciendo que éstas introducen grandes limitaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos y pretenden afianzar el pensamiento único y la hegemonía comunicacional del gobierno.

"Los obispos no podemos callar [. . .]. Jesús nos enseña que el poder no debe ser ejercido como un dominio sobre los demás, como si los gobernantes fueran dueños de las naciones, sino más bien como un servicio a todos'', destacó el documento.

"Las autoridades del Estado no pueden asumir el control total de la vida de las personas, y tampoco establecer las condiciones para eternizarse en el ejercicio del poder'', añadió. "Es contrario a los valores cristianos, a los derechos humanos y al sentido común destruir al que piensa diferente, o condenarlo al silencio''.