Mientras los legisladores estatales se preparan para elaborar un presupuesto equilibrado cuando el período ordinario de sesiones comience en Tallahassee el mes próximo, el personal de los tribunales del sur de la Florida afirma que el ya abrumado sistema judicial colapsará si los empleados estatales son obligados a enfrentar reducciones significativas.

Incluso si las reducciones de presupuesto no son tan radicales como propuso inicialmente el gobernador Rick Scott, los observadores dicen que hasta las reducciones menores afectarán los servicios al público y crearán una carga adicional para los empleados.

En tal caso, la operación de los tribunales se reduciría significativamente, desde ver a un magistrado para una orden de alejamiento por violencia familiar hasta fijar la fecha de una audiencia de ejecución hipotecaria, incluso hasta para solicitar una licencia de matrimonio.

Los casos de las víctimas de delitos y de los acusados pobres se retrasarán considerablemente. Los mejores abogados y jueces del estado, cansados de ganar poco y tener exceso de casos, se marcharán a empleos privados.

En los círculos jurídicos el inminente proceso del presupuesto ha creado una sensación de temor.

"Las propuestas crearán un nivel nunca antes visto de ineficiencia en el sistema jurídico'', dijo el juez principal de Miami-Dade, Joel Brown, que teme perder una porción significativa de los asistentes de su circuito judicial, que se encargan de las llamadas telefónicas, hacen fotocopias y programan las audiencias.

Por su parte, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, afirmó: ‘‘Ya hemos cortado toda la grasa y hemos llegado al hueso. Ahora sólo queda amputar''.

Y para profundizar el temor, el gobernador quiere ahorrar $1,400 millones exigiendo que los empleados estatales contribuyan 5 por ciento de su sueldo al plan de retiro.

El Senado estatal tiene una postura menos radical y estudia un plan para limitar las contribuciones de los empleados a 2 por ciento para la mayoría de los trabajadores, y de 4 por ciento para los funcionarios electos, los administradores y los que ganen más de $75,000 al año.

El plan sólo exigiría contribuciones cuando el fondo de pensiones esté en déficit.

La Cámara todavía no ha anunciado sus planes sobre el plan de retiro.

Según el presupuesto presentado por Scott, los fiscales de Miami-Dade y Broward perderían más de $4.3 millones y un total combinado de 88 puestos de trabajo en comparación con el año fiscal anterior. Los abogados defensores de oficio perderían más de $2 millones y 30 puestos.

El proceso presupuestario para el año próximo llega en el punto máximo de una crisis más inmediata. Debido a una drástica reducción en la recaudación por concepto de ejecuciones hipotecarias, los tribunales encaran un déficit de $72.3 millones para el final de este año fiscal. A menos que el estado preste a los tribunales el dinero en las próximas semanas, los empleados podrían verse obligados a tomar licencia sin sueldo antes del primero de julio, dijo Lisa Godner, administradora de tribunales.

Y todavía la Oficina del Secretario de Tribunales de Miami-Dade, que ha despedido a 150 empleados en los últimos dos años, no tiene un presupuesto firme. Aunque ese despacho anunció recientemente la implementación de un sistema electrónico para la presentación de documentos que se espera acelere el proceso, reducciones adicionales podrían obligar a cerrar las oficinas satélite en Liberty City y Sweetwater, dijo Harvey Ruvin, secretario de tribunales de Miam-Dade.