La preocupación de los cubanos por la futura eliminación de la canasta básica subsidiada y por los bajos salarios marcaron el ritmo de tres meses de debate popular sobre las reformas de Raúl Castro, que concluyen este lunes.

"Discutimos sobre los salarios, el 'cuentapropismo' (pequeños negocios privados), los impuestos y el transporte", pero "la libreta (cartilla de alimentos subsidiados) se robó el show", dijo a la AFP Mireya Suárez, una ingeniera de 48 años, resumiendo los temas abordados en la reunión en su barrio de Centro Habana.

La eliminación gradual de la "libreta" -vigente desde 1963- y de otros subsidios, está entre las 291 proyecciones del futuro modelo económico que seguirá la isla comunista, debatidas por los cubanos desde el 1 de diciembre en centros de trabajo, universidades o en reuniones vecinales.

Esos criterios serán tenidos en cuenta por el VI Congreso del gobernante Partido Comunista (PCC, único), en abril, que debe aprobar el programa definitivo a aplicar.

"Cuando recibes 200 pesos (unos 8 dólares) de pensión y tienes que hacer pininos (malabares) para comer, entonces sabes lo que representa la libreta", dijo Santa Sánchez, una jubilada de 73 años.

Los cubanos, con salud y educación gratuitas -salario mensual de 17 dólares-, reciben una insuficiente canasta básica subsidiada, reducida en los últimos meses en cantidad de productos como parte de la política de Raúl Castro de suprimir "gratuidades y subsidios indebidos".

El plan, que el Gobierno estima urgente para hacer eficiente el modelo socialista, incluye el recorte de 500.000 empleos en el Estado hasta marzo, la apertura a la iniciativa privada para absorber a la mayoría de los despedidos y autonomía en la gestión empresarial.

En las reuniones populares los cubanos plantearon sus inquietudes sobre los impuestos que deben pagar los propietarios de negocios, considerados altos, y sobre la doble moneda, ya que tienen salarios en pesos cubanos y deben comprar artículos de primera necesidad en pesos convertibles (CUC, con paridad de 25 a uno).

También discutieron acerca del futuro de los trabajadores despedidos, las trabas en la comercialización de agroalimentos, la compra venta de casas y autos -prohibida en la isla-, y el nivel de autonomía de las empresas estatales.

"Las decisiones están demasiado centralizadas" y "los mecanismos administrativos frenan el desarrollo de la empresa", manifestó Alberto Águila, director de Contabilidad de la constructora Ñico López, encargada de obras para entidades científicas y del turismo, según comprobó la AFP.

Por su parte, el también director de la constructora Ñico López, Miguel Blanco, se mostró "totalmente de acuerdo en que las empresas que tengan pérdidas (sostenidas) sean disueltas", y en la creación de cooperativas privadas, porque "en la competencia está el desarrollo".

Convencido de la necesidad del "consenso" para avanzar, Raúl Castro ordenó a sus ministros y al PCC tener "los pies y el oído pegados a la tierra", para atender las inquietudes sobre las reformas; antes había exhortado a los cubanos a expresarse libremente en los debates, incluso con opiniones contrarias.

No obstante, muchos de los encuentros estuvieron marcados por la apatía, la baja asistencia o pobre participación.

"De 206 personas que esperábamos, llegaron sólo 15", comentó Alberto Font, un plomero vecino del barrio del Cerro, mientras que un militante del PCC explicó, bajo anonimato, que la reunión de su empresa fue "un parto con fórceps".

"La gente ha perdido entusiasmo, porque debates similares terminaron en el pasado en una catarsis de los problemas y luego nada cambió", apuntó, al señalar que muchas de las medidas que se discuten ya están siendo aplicadas.