Una veintena de empleados del consulado de Venezuela en Miami, despedidos en masa por supuestas irregularidades, pidieron que la cancillería de su país entregue las pruebas que supuestamente los comprometen en acusaciones que calificaron de falsas y malintencionadas.

El cónsul Antonio Hernández Borgo, quien se solidarizó con los empleados, dijo por su parte a El Nuevo Herald que no piensa renunciar, que no se le ha pedido la renuncia y que tampoco la ha ofrecido.

"A los empleados los estoy defendiendo, soy un soldado y tengo que acatar la orden [de cancillería], esté de acuerdo o no, pero ellos han sido víctimas de una campaña salvaje, bestial de difamación, calumnias y bajezas'', dijo Hernández al referirse a denuncias de ex empleados del consulado que fueron despedidos por él en octubre.

Los ex funcionarios que hicieron las denuncias declinaron comentar sobre la reacción de Hernández y de los empleados removidos de sus cargos.

Entre los 16 empleados que se reunieron con El Nuevo Herald el lunes había desconcierto, rabia y tristeza y una sensación de que pagaron justos por pecadores con la decisión de Caracas. Todos dijeron que respaldan al cónsul.

Algunos de sus nombres han sido citados en informes de prensa que reseñaron las presuntas irregularidades, pero otros dijeron que no tenían idea de porqué fueron involucrados.

"Creemos que el presidente Chávez no sabe qué está pasando aquí. Cuando se entere y tenga las pruebas, se va a saber a ciencia cierta que somos inocentes, que estamos limpios', dijo Elimat Hernández, empleada administrativa que llevaba cuatro meses en el consulado.

En una medida sin antecedentes en la historia diplomática moderna de Venezuela, la cancillería despidió a todos los empleados locales (23) y ordenó el traslado o el despido de seis funcionarios diplomáticos del consulado, uno de los más importantes en Estados Unidos en términos de usuarios.

Los funcionarios tienen 30 días para dejar sus cargos.

Hernández dijo que la cancillería no explicó el motivo del despedido masivo ni él fue consultado previamente.

Cuando se le preguntó a qué atribuía la destitución de los empleados, Hernández respondió:

"Bueno, yo la capacidad de adivino no la tengo. Ese ministerio, como cualquier ministerio de cualquier país, tiene una dinámica de rotación y transferencia de empleados, obviamente nunca en estos niveles'', respondió Hernández.

Se sabe que la determinación se tomó el pasado 4 de marzo luego de que los ex funcionarios despedidos por Hernández en octubre denunciaron ante varias entidades, incluyendo la cancillería, presuntos cobros en la expedición de pasaportes, la existencia de cónsules con ciudadanía estadounidense que trabajan sin autorización del Departamento de Estado, gastos no justificados y supuestas adquisiciones irregulares de teléfonos satelitales, entre otras.

Algunas de estas denuncias fueron publicadas por El Nuevo Herald hace la semana pasada.

En relación con el cobro de sumas ilegales por la expedición de pasaportes, algunos de los empleados explicaron que existe una cadena de intermediarios, fuera de su control, que venden la cita para obtener el documento a cambio de un pago.