La cárcel de la Base Militar de Tolemaida de las Fuerzas Armadas de Colombia, donde están recluidos más de 150 militares condenados por crímenes de lesa humanidad, es un lugar lleno de “privilegios y comodidades dignas de un hotel”, denunció hoy la revista Semana.

Según un listado, en el penal conviven 269 oficiales, suboficiales y soldados, y de éstos 179 permanecen en estado activo.

“Los militares condenados por las más graves violaciones a los derechos humanos han gozado de extravagantes privilegios”, explica Semana.

El llamado Centro de Reclusión Militar (CMR) de Tolemaida está localizado a menos de 100 kilómetros al sur de Bogotá, en el municipio de Melgar, departamento del Tolima, en el centro de Colombia.

El escándalo de esa prisión estalló en enero pasado cuando se divulgaron privilegios de algunos de los internos.

Entre los supuestos privilegiados figuran los mayores retirados Juan Carlos Rodríguez, alias “Zeus”, condenado a 12 años por ser el jefe de seguridad del capo del cartel del norte del Valle alias ‘Don Diego', y de César Maldonado, condenado a 25 años por participar en 2000 en el atentado contra el congresista Wilson Borja.

Semana señala que el lugar “parece más un club de descanso que una cárcel de alta seguridad” y que muchos de los condenados “entran y salen como ‘Pedro por su casa', tienen negocios dentro y fuera de la prisión y no viven en celdas sino cabañas”.

Muchos de estos militares reclusos añade la publicación, “siguen activos y recibiendo sueldos y otros beneficios, pese a tener en firme condenas que llegan a los 40 años”.

Incluso, resalta luego, “hay hasta presos que pasaron vacaciones en San Andrés y Cartagena” o muchos con teléfonos celulares y televisión satelital.

Otros de los internos tienen negocios propios, como restaurantes y cafeterías o servicios de autobuses y taxis, dentro y fuera de la cárcel.

Ante las denuncias, el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, alega que las irregularidades fueron controladas y corregidas, se destituyeron oficiales que estaban a cargo de la cárcel y se trasladaron algunos presos.

El segundo comandante del Ejército, general Ricardo Vargas, por su parte, señaló a la misma publicación que “se van a suspender los teléfonos celulares de los internos, y se está estudiando con el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) la forma de conseguir teléfonos públicos”.

“Estamos mirando cómo se hace la transición de manejo individual de los negocios para convertirlos en recursos que sirvan a toda la población. Los taxis y todos los vehículos que tenían los presos ya se suspendieron”, añadió Vargas.

Sobre los condenados que siguen activos, y a diferencia de otras fuerzas, donde el retiro es expedito, en el Ejército “el proceso puede tomar años” dijo Vargas. Y añadió que está haciendo una revisión. “Espero no encontrarme ninguna sorpresa”, puntualizó.