La policía cubana ha detenido en lo que va de este año al doble de disidentes —y con más violencia— que en el mismo período del 2010, según un informe de un grupo de derechos humanos de La Habana.

Varios activistas en Cuba no concordaron sobre el número exacto de detenciones, ni si ha habido una cifra mayor, debido a que ha crecido la actividad de los disidentes, o si se ha recrudecido la represión del gobierno.

Pero de manera uniforme reportaron que el nivel de violencia física contra los disidentes se elevó significativamente en los primeros seis meses del año, y el número de detenciones en más del doble.

“Lo más inquietante... digamos llamativo y destacable en este informe… es el aumento realmente sin precedente de la violencia”, dijo Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

El informe de su comité correspondiente a junio, emitido el martes, señaló que “la violencia física empleada por la policía política, sus agentes o elementos para policiales contra un oponente de paz durante el mes, ha sido especialmente inquietante”.

El informe de Sánchez también documentó un aumento de 110 por ciento en el número de “personas detenidas temporalmente por motivos políticos”: de 821 en los seis primeros meses del 2010, a 1,727 en el mismo período de este año.

La lista incluyó a disidentes, hombres y mujeres, supuestamente golpeados durante o después de su detención, y a Wilfredo Soto García, quien murió tras una supuesta golpiza policial. El gobierno ha negado la acusación.

Un elemento que ha desatado la represión es el visible “aumento en el descontento social” de los últimos años, añadió Sánchez por teléfono. “Y esto se refleja en un mayor activismo de los opositores a lo largo del país”.

Sánchez también señaló que una parte importante de las detenciones y de la violencia ocurrieron lugar en la zona este de Cuba —históricamente distanciada de cualquier gobierno de La Habana— y en la provincia central de Villa Clara, que parece ser un foco de oposición al sistema comunista de la isla.

Lo que Sánchez describió como una “represión de baja intensidad” ocurre en momentos en que el gobierno de Raúl Castro ha liberado a más de 125 presos políticos durante el año pasado, tras conversaciones sin precedentes con la Iglesia Católica de Cuba.

Otro activista de La Habana, Juan Carlos González Leiva, dijo que concuerda con Sánchez en el aumento de la violencia y las detenciones, pero no en las cifras. El Consejo Cubano de Relatores de Derechos Humanos documentó más de 3,000 “detenciones temporales” en lo que va del año.

Este tipo de detenciones, desde unas pocas horas hasta varios días, tienen por fin intimidar a los disidentes o bloquear las reuniones previstas de la oposición. González Leiva las llamó “terrorismo de Estado, para mantener el control”.

John Suárez, secretario internacional del Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, dijo que Castro había hecho una referencia al parecer aprobatoria a la violencia durante un discurso pronunciado en abril.

“Nunca vamos a negar el derecho del pueblo a defender la revolución”, dijo Castro ante la sesión de clausura de un congreso del Partido Comunista, la reunión más importante del partido en 14 años.

Suárez también indicó que ocho disidentes fueron condenados este año a un máximo de 5 años de prisión, en comparación con dos en todo el año 2010. Otros sitúan el número de disidentes juzgados, o en la cárcel en espera de juicio, en alrededor de 20.

González Leiva dijo que su consejo también ha documentado un mayor número de “actos de repudio”, el hostigamiento de los disidentes por turbas organizadas por el gobierno. Muchos han ocurrido en ciudades pequeñas y pueblos que nunca antes habían visto este tipo de ataques a los opositores del gobierno, agregó.

“En términos generales, se podría hablar de un fuerte deterioro” en el expediente de derechos humanos de Cuba, añadió, algo “que rara vez se ha sido visto en años anteriores”.

En el informe de Sánchez, el mes con más detenciones temporales fue febrero, con 390, en su mayoría vinculadas a los esfuerzos del gobierno por evitar las reuniones para conmemorar el primer aniversario de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo durante una huelga de hambre.