El monopolio cubano en Venezuela de los controles de identidad electrónicos

 

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Congregada en la ciudad china de Shenzhén para la demostración, la delegación cubana captó de inmediato cómo la nueva tecnología podía ser empleada para ejercer un mayor control sobre la población -y aplastar cualquier brote contrarrevolucionario- en Venezuela.

El agente de seguridad chino caminaba casualmente por la calle, llevando en una mano lo que lucía como un teléfono inteligente, mientras los transeúntes paseaban a su alrededor sin sospechar que estaban siendo vigilados, narró a El Nuevo Herald el ingeniero venezolano Anthony Daquin, quien estuvo presente durante la demostración.

Después de un breve trecho, el agente se acercó a los invitados. En el pequeño aparato había registrado la información personal de decenas de personas que habían pasado a su lado. Todos los datos vinculados con sus carnés de identidad habían sido transmitidos subrepticiamente por un diminuto chip RFID incrustado dentro del propio documento de plástico.

Los cubanos, la mayoría vinculados con los servicios de seguridad de la isla, se miraban las caras sin poder ocultar su asombro ante el acto de magia tecnológica que permitía detectar la ubicación exacta de un individuo sin que éste lo supiera.

Uno de los representantes del equipo se acercó a Daquin, y muy entusiasmado, le manifestó: “Esto es lo que necesitamos, es lo que estábamos esperando, Anthony. Esto es lo que vamos a implementar en Venezuela”, relató el ex asesor del ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.

Y es lo que el gobierno venezolano tiene previsto introducir en el país sudamericano en caso de de que el presidente Hugo Chávez gane las elecciones del 2012, como parte de un elaborado sistema diseñado para aumentar el control del Estado sobre los ciudadanos.

Es un sistema, según Daquin, diseñado y operado por Cuba, que ya tiene bajo su control el sistema de emisión de cédulas de identidad y de pasaportes, así como toda información privada y sensible de todos los venezolanos, incluyendo las propiedades que poseen, cuánto ganan, dónde viven y, quizás más importante, si respaldan o se oponen a la revolución socialista de Chávez.

Es un instrumento de control cuyo desarrollo y administración ha significado un jugoso negocio para el régimen de La Habana, que ha comenzado a ofrecer esos servicios a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, dijo el ingeniero.

“La información es poder […] y la información íntima de los venezolanos ha sido manejada de forma objetiva, y de forma centralizada desde La Habana, de una manera que le ha permitido al presidente Chávez mantenerse en el poder”, expresó.

Daquin, cuyas declaraciones iniciales a la prensa venezolana generaron cierto revuelo en el país, dijo que pudo ver de cerca los primeros pasos dados por Chávez para implantar mejores mecanismos de control sobre la ciudadanía después del golpe de Estado en su contra, en abril del 2002.

El ingeniero sostuvo que él estuvo presente en algunos de esos primeros pasos, en representación de una empresa que asesora al gobierno en materia de tecnología, y participó activamente en la modernización del sistema de cédulas de identidad hasta que al entender los alcances de lo que se pretendía hacer, discutió con la comisión cubana.

“[Les dije que] si ustedes implementan este documento [la cédula de identidad electrónica] en Venezuela, yo me voy a sentir como cuando la época de [el dictador Marco] Pérez Jiménez, cuando la gente le temía a la Seguridad Nacional [policía secreta] y nadie tenía la oportunidad de expresarse públicamente”, comentó Daquin sobre el enfrentamiento que condujo a su caída en desgracia con el gobierno venezolano y posteriormente a convertirse en el blanco de un atentado.

“[Con el documento], ahora tengo una Seguridad Nacional, pero electrónica”, explicó Daquin, quien actualmente solicita asilo político en Estados Unidos.

En realidad luce más como el G2 cubano, cuya presencia en Venezuela era notable incluso antes de que el gobierno de Chávez firmara con Cuba una concesión de emitir los documentos de identidad del país sudamericano.

“Ya desde antes [de la firma del convenio], los cubanos habían tenido acceso a lo que les daba la gana en cuanto a la identidad de los venezolanos”, aseguró el general de Brigada de la Guardia Nacional, Marco Ferreira, quien fue jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIEX) de Venezuela.

Ese acceso cobró fuerza durante la gestión en el 2004 del ex ministro del Interior, Jesse Chacón, quien, según Ferreira, terminó por abrirle las puertas totalmente al personal cubano al sistema de documentación y extranjería.

Hoy en día, es personal cubano el que tiene el control de los sistemas de documentación de los venezolanos. Un contrato redactado en el 2007 otorgó a la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas S.A., división comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de La Habana, la concesión para emitir la documentación venezolana.

A cambio de los documentos, cuya elaboración en realidad Albet subcontrató a la multinacional Gemalto debido a su incapacidad técnica de elaborar la tarjeta, el gobierno venezolano se comprometió a pagar $172 millones, de acuerdo con el contrato suministrado por Daquin a El Nuevo Herald.

El contrato estipulaba la entrega de ocho millones de tarjetas vírgenes, pero Albet solo entregó seis millones, en lo que constituye una clara violación del contrato, dijo Daquin.

Según Daquin, el control de Albet sobre el proceso de emisión de documentación y sobre las bases de datos utilizadas en el proceso es absoluto y el régimen de la isla cuenta con todas las herramientas necesarias para expedir documentos venezolanos legítimos a cubanos o a cualquier otro extranjero.

La información vinculada a esos documentos comenzó a ser recabada por Cuba incluso desde el 2002, y actualmente se encuentra almacenada en una gigantesca base de datos administrada desde Cuba por personal de la UCI, dijo Daquin.

La base de datos, que inicialmente sólo incluía la información de la DIEX, fue sistemáticamente ampliada para incluir la información recaudada por los otros organismos, como la autoridad fiscal, los programas sociales conocidos como “Misiones” e incluso la información pertinente a la afiliación política del ciudadano, dijo Daquin.

También fueron incluidas toda la información de las notarías y la de los registros civiles.

Esto quiere decir que los servicios de inteligencia cubanos pueden en cuestión de segundos determinar no solamente las características personales de cualquier individuo, su edad, su última residencia fiscal, y cuánto gana, sino también las propiedades que tiene.

El gobierno venezolano, por su parte, niega que el régimen de La Habana esté en control del sistema de identificación venezolano.

“[La base de datos para la cedulación] es administrada de manera soberana e independiente por venezolanos”, sostuvo recientemente el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami.“Es falso lo que dice el oposicionismo [de que está en manos cubanas]”.

Daquin, no obstante, aseguró que el ministro miente.

“Venezuela le entregó todo esto a Cuba como parte de su estrategia para controlar al ciudadano”, reiteró Daquin. “El objetivo es: ‘tenemos que controlar a la población venezolana, a los ciudadanos y a la ciudadanas para presentar, llevar e implementar nuestro modelo’, modelo completamente socialista”.

Por otro lado, la cédula electrónica le otorga una nueva dimensión al instrumento de control, ya que otorga la facultad de las autoridades de detectar a un ciudadano al instante y cualquier opositor que se exprese negativamente contra el gobierno en la calle podría ser identificado sin que se de cuenta, explicó Daquin.

El gobierno venezolano actualmente está en posesión de seis millones de tarjetas con el chip RFID (sistema de identificación por radiofrecuencia) y tiene planes de iniciar un proceso de reemplazar los viejos documentos con los nuevos a partir del 2013.

El polémico sistema RFID es utilizado actualmente por las autoridades chinas por los beneficios que otorga en la gigantesca tarea de controlar a más de 1,200 millones de ciudadanos.

En un momento dado la tecnología fue considerada por algunas compañías de tarjetas de crédito en Estados Unidos para acelerar los pagos sin que el instrumento tuviese que ser pasado a través de un lector, pero esos planes fueron descartados debido al alto riesgo vinculado con el robo de identidad.

La elaboración de la base de datos con la información de los venezolanos comenzó en los primeros años de mandato del presidente Chávez sin autorización de la Asamblea Nacional tras la firma de un acuerdo de cooperación con Cuba.

Esa información se encontraba en gran medida recaudada en papel haciendo uso de un formato que era aplicado en el país por décadas y la tarea de digitalización fue asignada a miles de jóvenes venezolanos pertenecientes al denominado Frente Francisco de Miranda, muchos de los cuales fueron entrenados en Cuba para convertirse en los guardianes de la revolución de Chávez.

“Se trata de una serie de venezolanos que desprecian la identidad venezolana, desprecian lo que deberían ser su sentido patriótico y se han convertido en agentes más radicales que los cubanos”, comentó Ferreira.

“Son gente del Frente Francisco de Miranda. Los llevaron para que se formaran como milicianos, y luego les dan la función de comisarios políticos, y los regaron por todas las instituciones del Estado”, añadió.

Los integrantes del frente estuvieron a cargo de la denominada Misión Identidad, iniciativa que en cuestión de pocos años emitió más de cinco millones de cédulas de identidad a extranjeros que residían en el país, dijo Daquin.

Daquin, no obstante, dijo que es poco probable que las leyes venezolanas hayan sido cumplidas a cabalidad durante la emisión de los documentos en una operación que además tenía serías implicaciones electorales.

“Esta es una pregunta que debe realizarse todo venezolano: ¿Está usted seguro de que la persona que tiene al lado es el ciudadano que dice ser? ¿Quién asegura que es así? Las bases de datos en Venezuela tienen una discrepancia muy grande”, expresó el ingeniero.

La experiencia en Venezuela es una que Cuba aspira a replicar en otros países del ALBA.

Daquin dijo que personal cubano estuvo involucrado en el proceso de emitir nuevos documentos de identidad en Nicaragua y ha tenido acercamientos con Ecuador y Bolivia.

“Cada país tiene su propia base de datos, pero cuando Cuba accede a esa información, obviamente excede a las base de datos, a su estructura principal. Y realmente el objetivo es el mismo que se hizo en Venezuela. Es un objetivo de integración bajo un solo modelo, y una sola ideología política”, expresó.

Sigue Antonio M Delgado en Twitter: @DelgadoAntonioM

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