BOGOTA -- Un teniente coronel del ejército, en retiro, fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por la desaparición y posterior asesinato en el noroeste del país de 10 hombres que falsamente fueron reportados como delincuentes muertos en combate, se informó el miércoles oficialmente.

Fue la cuarta decisión en contra del otrora oficial Luis Fernando Borja, ex comandante de la llamada Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre y quien el año pasado había recibido condenas a 21, 23 y 25 años de prisión por hechos similares a los que fue condenado el 27 de diciembre, en una decisión que sólo trascendió a la prensa el miércoles.

La nueva condena contra Borja fue proferida por Carlos Angel Caicedo, juez penal de la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, 535 kilómetros al noroeste de Bogotá, informó a The Associated Press telefónicamente Melisa Herrera, secretaria del despacho.

Según la investigación, entre julio y agosto del 2007, 10 jóvenes del municipio de Toluviejo, en Sucre, fueron contactados por dos personas que les prometieron inexistentes trabajos en fincas de la región. Posteriormente los hombres fueron reportados por la fuerza pública como delincuentes muertos en combate en otras poblaciones de Sucre.

A mediados del “2007 empezaron a desaparecer humildes pobladores del municipio de Toluviejo, los cuales posteriormente aparecieron extrañamente muertos en combate por parte del ejército nacional”, dice la sentencia de Caicedo, algunos de cuyos apartes fueron leídos por Herrera.

Pero un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos estableció que en realidad los hombres fueron asesinados y que los combates jamás existieron.

Borja aceptó ser responsable de lo ocurrido con los 10 hombres de Toluviejo y se acogió a la figura de sentencia anticipada, advirtió Herrera.

En julio Borja había recibido una primera sentencia a 21 años de prisión por la ejecución extrajudicial de otros dos hombres en la costa del Caribe colombiano, en noviembre del 2007. Luego, a finales de agosto, fue condenado a 23 años por el homicidio de un hombre al que reportó falazmente como guerrillero muerto en combate. Y a fines de septiembre recibió la tercera sentencia condenatoria a 25 años por el asesinato de un joven campesino, también en un poblado de Sucre.

De acuerdo con la Fiscalía, ya en la primera condena Borja había confesado que “se trató de homicidios premeditados y relacionó nombres de oficiales, suboficiales y soldados que intervinieron tanto en ese como en otros hechos perpetrados por la misma unidad castrense, cuya posible responsabilidad en no menos de 50 homicidios es investigada”.

Según Herrera, contra Borja aún quedan por resolver varios procesos en el despacho del juez Caicedo.

Desde fines del 2008, cuando se denunció que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía General ha recibido denuncias de que más de 2,700 personas habrían sido víctimas de esta práctica que es conocida en Colombia como “falsos positivos”.

Según estadísticas del organismo investigador, hasta mayo pasado 368 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados del país.

En octubre del 2008, el entonces presidente Alvaro Uribe y el actual mandatario, Juan Manuel Santos, quien era ministro de Defensa al momento del escándalo de los “falsos positivos”, destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales, porque por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en este tipo de crímenes.