BEIRUT -- Siria rechazó el lunes un nuevo plan de la Liga Arabe para poner fin a la crisis nacional que lleva 10 meses, aduciendo que el llamamiento de la liga de un gobierno de unidad nacional en dos meses es una clara violación de la soberanía siria.

Mientras tanto, decenas de miles de personas salieron a las calles en un suburbio de la capital Damasco para velar a 11 residentes que murieron un día antes, a manos de las fuerzas de seguridad o en enfrentamientos entre soldados y desertores, dijeron activistas.

La multitud en Douma –que según un activista ascendió a 60,000 personas– estaba protegida por decenas de desertores del ejército que controlan el área después que las fuerzas del régimen se retiraron el domingo por la tarde, dijo un residente, Samer al-Omar. La versión no pudo ser confirmada de manera independiente.

El presidente Bashar Assad culpa el levantamiento iniciado en marzo a terroristas y bandas armadas en una conspiración extranjera para desestabilizar el país. Su régimen ha respondido con una represión brutal que según Naciones Unidas ha dejado más de 5,400 muertos.

Mientras tanto, la crisis se está tornando cada vez más violenta, ya que oponentes al régimen y desertores del ejército han empezado a contraatacar a las fuerzas del gobierno.

La Liga Arabe intentó contener el baño de sangre condenando la represión, imponiendo sanciones y despachando un equipo de observadores a Siria. El domingo, la Liga propuso un gobierno de unidad en dos meses, que organice la convocatoria a elecciones parlamentarias y presidenciales bajo supervisión árabe e internacional.

La propuesta también sugiere que Assad otorgue a su vicepresidente poderes plenos para cooperar con el gobierno propuesto a fin de que cumpla con su compromiso durante un período de transición.

La agencia noticiosa estatal SANA dijo que Damasco considera el plan como “interferencia flagrante en sus asuntos internos”.

La Unión Europea respaldó el lunes el plan de la Liga y extendió sus sanciones contra el gobierno de Assad agregando otros 22 funcionarios y ocho compañías a una lista negra.