La concejal de Hialeah, Vivian Casals-Muñoz, fue citada ante un gran jurado de la Corte Federal de Miami para comparecer como testigo de un fraude piramidal montado por el joyero Luis Felipe Pérez y que involucra a varios políticos y empresarios locales.

El jueves a las 6:10 a.m. cuatro patrullas acudieron a la vivienda de Casals Muñoz para entregarle la notificación judicial, indicó el jefe del Departamento de Policía de Hialeah, Mark Overton.

Casals-Muñoz deberá comparecer la próxima semana ante el gran jurado, según una fuente relacionada con el caso que pidió no ser identificada.

La madrugadora presencia de detectives de la Unidad de Corrupción Pública del Departamento de Policía de Miami-Dade y de agentes de la policía de Hialeah en la vivienda de Casals-Muñoz despertó extrañeza entre algunos vecinos aunque prefirieron no hacer comentarios.

Casals-Muñoz rehusó declarar sobre el caso. Alrededor de las 10:30 a.m., luego de ver a un grupo de reporteros fuera de su vivienda, se retiró rauda en su Mercedes Benz negro. Minutos después dijo por teléfono a El Nuevo Herald que debía cumplir con diligencias personales.

Reelecta como concejal independiente en las elecciones de noviembre, Casals-Muñoz, de 45 años, notarizó la mayoría de los pagarés que Pérez firmó con sus clientes.

Pérez, conocido como Felipito, cumple una condena de 10 años de prisión por encabezar una estafa piramidal y participar en una conspiración para cometer fraude por $12 millones contra el Banco Wachovia. La aprobación de los préstamos ayudó a alimentar el fraude piramidal que Pérez montó desde el 2006, según las autoridades.

Desde comienzos del 2010, Pérez ha cooperado con la procuraduría federal en Miami entregando registros bancarios y documentos de préstamos en busca de una reducción de condena. Según ha dicho pagó intereses de usura a políticos locales como el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, y su predecesor Julio Robaina, quien luego aspiró sin éxito a la alcaldía del Condado Miami-Dade. Ambos han sostenido que fueron víctimas de Pérez.

El abogado de Robaina, Rick Díaz, enfatizó que Pérez era un convicto que se encontraba cumpliendo condena.

Hernández dijo el jueves que la citación a Casals-Muñoz se trataba de un “asunto personal” y que carecía de la información suficiente como para comentar el caso.

En octubre, durante su campaña para la alcaldía, Hernández rechazó acusaciones de que no había reportado como ganancias adicionales en su declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) cheques pagados por Pérez. De acuerdo con Pérez, varios cheques de $2,400 y $3,000 girados a Hernández eran prueba del pago de intereses del 36 por ciento anual.

Sin embargo, Hernández alegó que los cheques correspondían a pagos para saldar parte de los dos préstamos que le hizo a Pérez por un total de $180,000 y no por intereses.