ASUNCION -- El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, advirtió el lunes de que las fuerzas de seguridad utilizarán “todos los medios disponibles” para evitar violencia entre los colonos “brasiguayos” y los campesinos sin tierra en la zona de Ñacunday, donde se teme una nueva ocupación de tierras.

En un comunicado, Lugo asumió que en la zona, fronteriza con Brasil, se produjo adjudicación irregular de tierras, pero observó que corresponde a la Justicia dirimir quiénes son los verdaderos propietarios de los terrenos disputados.

El conflicto enfrenta desde septiembre del 2011 a productores brasileños de soja en Santa Rosa del Monday, en la provincia de Alto Parana (limítrofe con la brasileña Paraná), y grupos de “carperos” o campesinos acampados en zonas aledañas a las tierras en disputa.

La situación se agravó a mediados de enero ante la presencia de militares que realizan tareas de demarcación fronteriza, acompañados por los “carperos”, lo que llevó a los colonos “brasiguayos” a temer que facilitaran una ocupación de sus tierras.

Lugo rechazó “toda idea de violencia” para “ejercer predominancia de intereses” en la zona e instruyó a la Fuerza Pública a asegurar el orden con “todos los medios disponibles”.

Y aseguró que el gobierno hará lo que le compete para acelerar una solución, tras admitir que “no pocas veces se adjudicaron inmuebles rurales a personas favorecidas por el poder político y económico” en Paraguay, lo que ha generado sospechas de fraude y situaciones de conflicto como la de Ñacunday.

En el trasfondo del conflicto están la entrega de tierras a colonos brasileños promovida por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), quien buscó en Brasil un socio que equilibrara la dependencia paraguaya de Argentina, así como la duplicidad de títulos de propiedad en una nación que no ha conseguido eliminar las prácticas corruptas.

Lugo puntualizó que corresponde al Poder Judicial, “en el marco de los juicios que habrán de iniciarse y tramitarse”, dirimir qué tierras han sido “adquiridas por los modos autorizados por la ley” y cuáles pueden seguir perteneciendo al Estado, que son las que reclaman para sí los campesinos sin tierra.

En caso de que la Justicia determine que existen tierras estatales, añadió el presidente, el Poder Ejecutivo dispondrá sobre la posible adjudicación de las mismas.

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) había iniciado unas tareas de demarcación de tierras en Ñacunday y otras zonas del país.

Pero las tareas se encuentran paralizadas desde septiembre pasado tras la presentación de un recurso de recusación del juez encargado planteado por los abogados de los productores brasileños, según dijo hoy a Efe una portavoz del Indert.

Mencionó que esas tareas incluyen el estudio de unas 257,000 hectáreas de tierras, en su mayoría en poder de los productores brasileños y distribuidas en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Caaguazú y Caazapá.

“El Indert está enfocado a la mensura judicial porque considera, y es de hecho así, que la mensura judicial es el único instrumento idóneo para esclarecer cualquier duda que pueda existir con respecto a la propiedad de una tierra”, añadió la fuente.

La exportación de soja es la principal fuente de divisas de Paraguay, seguida de la carne.