Como muchos vecinos de La Pequeña Habana, Bárbara y Julio de Jesús están acostumbrados a convivir con la enorme excavación hecha para la base de un edificio que ahora está llena de basura, con las cabillas del encofrado al aire y charcos tan grandes que contienen bancos de peces.

Por la noche, prefieren evitar el lugar, en la esquina de la avenida 22 y la calle 6 del suroeste, para no encontrarse con las ratas, los desamparados y los pandilleros.

“Años atrás se decía que iban construir un banco o algo así”, afirmó De Jesús, de 41 años, mientras contemplaba cientos de peces que nadaban en un charco verde. “Ahora es como el basurero de La Pequeña Habana. Es asqueroso”.

Esta propiedad, en proceso de ejecución hipotecaria, es uno de los ejemplos más espectaculares del colapso del mercado inmobiliario de Miami. No lejos de allí, en la calle Flagler y la avenida 7, un inmenso terreno ha quedado abandonado desde el 2006, cuando su propietario, la organización Canyon-Johnson desistió de los planes de construir dos torres residenciales. Earvin “Magic” Johnson, el legendario jugador de baloncesto, es cofundador de la organización.

“Pensábamos que teníamos un proyecto buenísimo pero luego la economía de bienes raíces se deterioró en esos años, del 2006 al 2007”, dijo Steve Sugerman, vocero de la fundación. “Sin embargo, la fundación continua siendo interesada en el mercado en Miami y en La Pequeña Habana, en particular, y nos gustaría desarrollar algo en esa propiedad en el momento apropiado”.

También los inspectores municipales están encontrando con mayor frecuencia residencias y edificios abandonados en medio de un proceso de ejecución hipotecaria. Sin mantenimiento, muchas de estas estructuras se deterioran a niveles peligrosos y a veces se convierten en antros delictivos.

“El problema es que últimamente, debido a que la construcción se terminó, han habido muchas bancarrotas y los bancos han reposeído las propiedades”, declaró Mariano V. Fernández, director del Departamento de Construcciones de Miami. “Les da igual que esté abandonada o no. Lo que nosotros queremos es que las limpien. O que el dueño o el banco las arreglen para que sean habitadas, o que las derrumben”.

Cuando los dueños no responden a los avisos de que sus propiedades violan los códigos, o rehúsan hacer las reparaciones necesarias, los casos pasan a un panel que determina si la estructura debe de ser demolida.

En el último año y medio, la Ciudad de Miami ha demolido 36 residencias y edificios de una lista de casi 800 estructuras consideradas peligrosas, desde Coconut Grove y La Pequeña Habana hasta Wynwood y Liberty City. El esfuerzo, financiado con fondos federales, también ha impulsado a casi 100 propietarios a derrumbar las estructuras ellos mismos a fin de evitar la imposición de un embargo preventivo más caro sobre la propiedad. La Ciudad paga unos $15,000 a $20,000 por cada demolición debido a requisitos federales tales como estudios ambientales, dijo Fernández. Una demolición privada puede costar entre $8,000 y $10,000.

“Esto significa que por cada casa que nosotros derrumbamos tenemos tres propietarios que las han demolido ellos mismos, lo cual es una tendencia buena para la Ciudad”, comentó Fernández. “El mensaje está llegando a la gente de que la Ciudad toma esto en serio, que necesitamos barrios limpios y seguros”.