Tallahassee -- En el portal de un Starbucks de Orlando, Rudy Roberts, de 45 años, enciende su laptop y aprovecha el servicio de internet gratis para solicitar empleo.

Roberts, que está desempleado desde que el Kmart que administraba cerró en el 2009, vivía de $400 a la semana en beneficios por desempleo, dinero que dijo dejó de llegar en septiembre debido a un problema burocrático. Roberts dice que solicita unos cinco empleos a la semana para cumplir los requisitos implementados por la Legislatura estatal.

“Comprendo las razones [de los legisladores] para que uno salga a solicitar empleo”, explica Roberts, quien viajó en autobús de Orlando a Tallahassee la semana pasada para protestar por los recortes al Medicaid. “Pero no creo que los legisladores comprenden lo difícil que está la situación”.

Aunque la economía de la Florida ha dado señales de vida en los últimos meses, las perspectivas se mantienen negras para la mayoría de los ciudadanos más desaventajados del estado. Y hay preocupación de que las cosas pueden empeorar.

La Legislatura de la Florida, liderada por los republicanos, aprobó el año pasado varios cambios significativos y estudia otros en este período de sesiones que según los legisladores protegen el dinero de los contribuyentes, eliminan los servicios sociales a muchas personas y colocan al sector empresarial en posición de impulsar la economía.

Críticos como Dorene Barker, directora legislativa de Florida Legal Services, dice que las medidas son “una agresión sin precedente a los pobres”, desde exigir que los beneficiarios de la asistencia social se sometan a pruebas de drogas hasta enviar a pacientes del Medicaid a servicios de salud gestionados, e incluso dificulta que personas como Roberts mantengan sus beneficios por desempleo.

El grupo de Barker, que ofrece asistencia jurídica a los pobres, le sigue la pista a unos 300 proyectos de ley que tienen el potencial de afectar a los más necesitados, dijo.

En una comparación anual, “la cifra es estable”, dijo. “Es la severidad de los temas y el impacto... eso es lo que más ha cambiado”.

Los legisladores modificaron significativamente el año pasado la forma en que los desempleados reciben sus beneficios. Los cambios, firmados por el gobernador Rick Scott, exige que los beneficiarios presenten electrónicamente un reporte que documenta su búsqueda de empleo, reduce el tiempo que pueden recibir beneficios en tres semanas y facilita al estado negar reclamaciones sobre la base de mala conducta potencial. El resultado es que 65 por ciento de las reclamaciones de beneficios por desempleo fueron rechazadas en los primeros tres meses.

Otra ley exigía que los beneficiarios de asistencia social en efectivo pagaran de su bolsillo y aprobaran una prueba de drogas antes de recibir las prestaciones. Un juez federal prohibió temporalmente esa práctica en octubre.

Este año los legisladores impulsan una ley que prohíbe a los convictos de delitos por drogas de recibir temporalmente dinero o cupones de alimentos, así como otra que prohíbe a los que usan cupones de alimentos comprar comida poco nutritiva.

La iniciativa sobre los delitos por drogas permite que los beneficios se reanuden una vez que completen una clase sobre la adicción. El proyecto de ley tiene cierto respaldo en el Senado y ya fue aprobado en una comisión de la Cámara.