MADRID -- La justicia española, que la semana pasada condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por haber ordenado escuchas ilegales durante una investigación, archivó el lunes otro caso contra el magistrado, éste por presunta corrupción.

El juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, había sido acusado de corrupción tras desestimar una querella contra un banco español que, junto a otras empresas, había financiado unos cursos que éste impartió en Nueva York.

Pese a considerar que existían indicios de delito, el juez instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena decidió archivar el caso por “prescripción de los hechos imputados”.

Cinco grandes empresas españolas -BSCH (actual Banco Santander), BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa- patrocinaron una serie de conferencias que el magistrado español impartió en el 2005 y el 2006 en la Universidad de Nueva York.

“El querellado contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de sus cursos”, subrayó el instructor, precisando que la suma ascendió a casi $1.24 millones.

Cuatro de estas empresas “tenían en común haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos” en la Audiencia Nacional, principal instancia penal española en la que Garzón era juez, agregó.

No obstante, el juez dio la razón a la defensa y a la fiscalía, quienes defendían la prescripción de los hechos dado que el último patrocinio fue cobrado en mayo del 2006 y la querella presentada en junio del 2009, es decir más de tres años después.

La acusación pedía cinco años de prisión y 30 de inhabilitación, para Garzón, de 56 años, que el pasado jueves ya había sido expulsado de la carrera judicial.

El Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por estimar que vulneró el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en el 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España.

El juez está a la espera de otra sentencia, en un controvertido juicio que despertó gran expectación dentro y fuera de España, por haber querido investigar la suerte de más de 114,000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) pese a una ley de Amnistía.

De ser declarado culpable, el magistrado puede ser condenado a hasta 20 años más de inhabilitación.