Por primera vez desde que Estados Unidos lanzó su “guerra contra las drogas” hace cuatro décadas, hay signos de que las fuerzas que apoyan la legalización de drogas ilegales están ganando terreno en todo el continente.

Es cierto que se trata de un debate que recién empieza a nivel gubernamental, y pasarán años antes de que se produzcan resultados concretos. Pero hay varios factores nuevos —incluyendo un recorte de la ayuda antinarcóticos de Estados Unidos a Latinoamérica que salió a relucir en el presupuesto para el 2013 enviado al Congreso por el presidente Barack Obama la semana pasada— que reflejan desafíos cada vez más serios a la tradicional estrategia antinarcóticos de Estados Unidos basada en la interdicción y prohibición de drogas ilegales.

Veamos:

En primer lugar, los presidentes latinoamericanos en ejercicio por primera vez están pidiendo abiertamente discutir la posibilidad de legalizar o descriminalizar las drogas ilícitas. Hasta ahora, se trataba de una propuesta de ex-presidentes, como los ex mandatarios Vicente Fox y Ernesto Zedillo de México, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y César Gaviria de Colombia.

Los actuales presidentes de México y Colombia han dicho que están abiertos al debate del tema, pero que no van a tomar la iniciativa.

La semana pasada, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina dijo que propondrá a sus contrapartes centroamericanas legalizar las drogas y descriminalizar el transporte de drogas en toda la zona. Un asistente de Pérez Molina me dijo que el Presidente llevará el tema a un encuentro de países centroamericanos programado para marzo.

“Quiero poner este tema sobre la mesa”, dijo Pérez Molina, según reportó The Associated Press. “No sería un delito transportar ni trasladar la droga. Todo eso tendría que ser regulado”.

Simultáneamente, Estados Unidos planea disminuir su ayuda anti-droga a Latinoamèrcia en un 16 por ciento el año próximo, según el presupuesto 2013 que Obama envió al Congreso.

Según esa propuesta de presupuesto, los fondos para control y cumplimiento de la ley entregados a México serán recortados en casi 50 millones de dólares, o 20 por ciento respecto de los niveles del año pasado, mientras los fondos antidroga destinados a Colombia caerían en un 11 por ciento, y los destinados a Guatemala en un 60 por ciento.

Los partidarios de los recortes de ayuda antinarcóticos dicen que las nuevas cifras reflejan en parte la creciente capacidad de los países latinoamericanos para combatir a los carteles del narcotráfico. Los críticos cuestionan, eso diciendo que es difícil argumentar que México y Guatemala, entre otros, necesitan menos ayuda externa para la lucha contra los carteles.

En tercer lugar, aunque la legalización o despenalización de la droga sigue siendo un tema tabú en el Congreso de Estados Unidos, las fuerzas pro-despenalización están haciendo significativos progresos a nivel estatal. Ya hay 13 estados que han aprobado el uso de la marihuana con propósitos médicos, y otros tres que lo propondrán a nivel estatal en las elecciones presidenciales de noviembre.