Tallahassee -- Luego de que el muy criticado contrato para los estacionamientos en el nuevo estadio de los Marlins de Miami dejara a Miami con un enorme pago de impuesto a la propiedad, legisladores estatales del sur de la Florida vinieron al rescate con una propuesta para ahorrar millones a la Ciudad; pero su intento de modificar las leyes estatales ha encontrado un inmenso obstáculo: la Constitución de la Florida.

Un nuevo análisis de la Cámara de Representantes de la Florida concluyó que la propuesta, presentada por el representante José Félix Díaz y apoyado por el representante Carlos López-Cantera, ambos republicanos de Miami, probablemente viola la Constitución del estado.

El análisis, dado a conocer el martes, afirma: “En el caso en cuestión, todo parece indicar que la Legislatura está… haciendo una excepción de manera estatutaria para una propiedad municipal que no se utiliza exclusivamente para fines municipales o públicos, y que esta excepción podría verse sujeta a un recurso de inconstitucionalidad”.

Traducción: según la Constitución, Miami podría verse obligada a pagar un enorme impuesto a la propiedad si el Condado Miami-Dade decidiera enviar una factura a la Ciudad y apelar a los estatutos floridanos.

El análisis llegó a la misma conclusión a la que arribó el año pasado el tasador de la propiedad de Miami-Dade, Pedro García: el garaje de 5,700 espacios, que la ciudad está arrendando a los Marlins, no constituye una instalación de “fines públicos”, lo cual es obligatorio para que una entidad gubernamental reciba una exención fiscal.

En noviembre, García indicó a la Ciudad que podría ser responsable de pagar impuestos a la propiedad, y estimó que la factura anual podría alcanzar los $2 millones. Los funcionarios de la Ciudad, que esperaban obtener una exención de impuestos gubernamentales, se sorprendieron al enterarse de la posible factura. Los Marlins se lavaron las manos, señalando una cláusula en su contrato que responsabiliza a la Ciudad de todos los impuestos a su instalación. El nuevo estadio de $642 millones, que abre sus puertas esta primavera, fue financiado mayormente con fondos de los contribuyentes y ha sido criticado como una regalía para los Marlins.

Más dinero aún de los contribuyentes podría ir a parar al estadio si Miami no consigue evitar el pago del impuesto a la propiedad, que se estima sería de unos $1.2 millones al año.

La modificación a la ley estatal, que Díaz presentó como una enmienda de cuatro líneas a una abarcadora ley de impuestos de 33 páginas, se proponía ayudar a Miami a librarse de la factura de impuestos. Hasta el momento, la enmienda de Díaz ha escapado el escrutinio y fue aprobada unánimemente y sin debate en su primera aparición ante una comisión.

Ahora, la enmienda podría enfrentar firme oposición tras el informe que señala su falla constitucional.

El análisis del personal de la Cámara señala un caso del Tribunal Supremo de la Florida del 2001 que concluyó que el uso regular con afán de lucro de un edificio gubernamental por parte de una entidad privada descalifica en esencia al edificio para recibir una exención al impuesto a la propiedad.