LA HABANA -- La opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció hoy que en el mes de marzo se registraron en la isla 1,158 detenciones arbitrarias por motivos políticos y que más de la mitad fueron poco antes o durante la visita del papa Benedicto XVI.

Esta cifra de arrestos, según un comunicado del grupo que lidera el activista Elizardo Sánchez, solo es “comparable con las grandes redadas realizadas en todo el país en abril de 1961 a raíz de la invasión de Bahía de Cochinos”.

La CCDHRN también destaca que el número de detenciones políticas en el primer trimestre de 2012 supera ya el de todo el año pasado.

Más de la mitad de las detenciones de marzo, agrega la CCDHRN, se produjeron en el marco de la visita del Papa, que estuvo en la isla entre el 26 y el 28 de marzo, y algunas de ellas consistieron “en reclusiones domiciliarias extrajudiciales bajo custodia de agentes policiales y parapoliciales y la amenaza de que los arrestados serían encarcelados si intentaban salir de sus hogares”.

Además de este reporte, este grupo disidente informó de la nueva detención ayer lunes de Andrés Carrión Álvarez, el hombre que gritó “abajo el comunismo” durante la primera misa que ofició el papa Benedicto XVI en Cuba.

Este licenciado en rehabilitación social de 38 años ya fue arrestado cuando el pasado 26 de marzo traspasó un cordón de seguridad poco antes de comenzar la misa papal y gritó consignas contra el Gobierno de la isla en la plaza Antonio Maceo de la ciudad oriental de Santiago.

Carrión Álvarez fue liberado el pasado viernes pero el lunes 16 de abril volvió a ser arrestado, según la CCDHRN, junto a otro disidente de la Unión Patriótica de Cuba, grupo que lidera el expreso de conciencia José Daniel Ferrer y quien está detenido también desde hace quince días.

La Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional asegura que Carrión y Ferrer “son prisioneros de opinión”, por lo que reclama “toda la solidaridad posible y que se exija su inmediata e incondicional excarcelación”.

El Gobierno de Cuba considera a los disidentes “contrarrevolucionarios” y “mercenarios” pagados por Estados Unidos.