CARACAS -- La principal patronal venezolana anunció hoy que acusará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Gobierno del presidente Hugo Chávez por haber promulgado una nueva Ley del Trabajo de manera “inconsulta e inconstitucional”.

El presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, dijo en una rueda de prensa que su gremio introdujo con anterioridad una queja ante la OIT, por no ser consultada sobre la norma, pero que ahora que ya fue promulgada por Chávez, el pasado lunes, elevará el asunto a una acusación formal y para ello presentará “el cuerpo del delito”.

Dijo que una de las preocupaciones del empresariado apunta al “carácter punitivo de algunos artículos”, que prevén multas y hasta órdenes de prisión, y a “sesgos ideológicos” de otros en los que se pide “acabar con el modo de producción capitalista”, lo que Botti tildó de “inapropiado”.

También recriminó que el Gobierno no haya informado del costo que acarreará para el empleador estatal y para el privado especialmente la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, el encarecimiento del costo de los despidos y el aumento a seis meses y medio del permiso pre y posnatal.

Aparte de esas y otras “tremenduras” que identificó en el texto, Botti celebró que la norma permita que los trabajadores escojan si los empleadores deben depositar sueldos, salarios y otro ingresos en la banca privada, en la pública o en un fondo público.

El presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal, dijo en la misma rueda de prensa que si bien “la ley fue elaborada con una técnica legislativa relativamente apropiada”, no tomó en cuenta “el impacto” financiero, principalmente en las pequeñas empresas, que son “grandes generadoras de empleo”.

Además, al incrementarse los beneficios para quienes acumulen antigüedad esta se verá “desmotivada” y, a la vez, se verá “impulsada la rotación en el trabajo”, alertó el dirigente de Conindustria, uno de los sectores asociados a Fedecámaras.

También subrayó que “no contribuye” al desarrollo del país “el que se cree un vínculo de responsabilidad entre el accionista y el patrono” con respecto a las obligaciones que tienen con los trabajadores.

“Eso crea un ámbito de inseguridad jurídica sumamente grande” que, además, no estimulará la inversión, añadió Larrazábal.

“¡Cómo va a ser que quien compre una acción de una empresa tenga que ser solidario con los temas laborales!”, exclamó.

Entre los asuntos que consideró positivos en la norma destacó que “no se tomaron en consideración posiciones radicales”, entre ellas las que pedían la reducción a 35 horas semanales de la jornada laboral.

La ley fue promulgada por Chávez bajo el amparo de la ley Habilitante que en diciembre de 2010 le otorgó poderes legislativos especiales durante 18 meses.

La norma fue entregada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se pronuncie en los próximos días y así quede revestida de “mayor fortaleza jurídica” y “constitucional”, manifestó Chávez al rubricar la nueva norma el pasado 30 de marzo.