La empresa estatal cubana Provari es conocida en la isla por hacer casi de todo, desde ladrillos y bloques de construcción hasta colchones, artesanías para turistas y el insecticida Lomaté.

Lo que es menos conocido es que la vasta mayoría de sus trabajadores son presos, lo que los disidentes denuncian como “trabajadores esclavos” que laboran con poca seguridad y reciben bajos salarios o no les pagan nada.

El trabajo en las prisiones cubanas es extenso, pero “como la cara oculta de la luna, es poco conocido”, declaró Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien dirige frente de la Comisión Cubana para los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional.

Un folleto de la empresa Provari dice que en el 2001 tenía 150 instalaciones de producción en la isla. Sánchez afirmó que opera en virtualmente en todas las 200 prisiones y campos de labor que se calcula hay en Cuba.

El trabajo en las prisiones es común en todas partes del mundo. En Estados Unidos, los presos hacen placas de autos, muebles para el gobierno y mucho más. En las prisiones estatales de la Florida se requiere a los presos que trabajen a menos que estén exentos por razones médicas u otras. La mayoría no gana nada, y los trabajadores en los comedores, las barberías y otros pocos ganan sólo $50 al mes.

“No hay objeciones en principio a las compañías que manejan fábricas en las prisiones”, aseguró Andrew Coyle, del Centro Internacional para Estudios de Prisiones en Londres. Pero los reclusos deben tener los mismo salarios y condiciones de trabajo de los otros empleados de las compañías. “Esto no debe ser trabajo forzado o esclavo”.

Pero Cuba es una dictadura, comentó Sánchez, donde el gobierno comunista puede hacer cualquier cosa y mantenerlo en secreto. Eso incluye explotar a los presos y castigar a cualquiera que se queje.

Agregó que estaba especialmente preocupado sobre las condiciones de seguridad laboral en las fábricas en las prisiones y señaló al insecticida Lomaté, fabricado en el Combinado del Este, en La Habana, y en otras prisiones de la isla.

Los trabajadores agrícolas rara vez obtienen ropas especiales para protegerse de las sustancias químicas, y los cortadores de caña raramente reciben las botas adecuadas para proteger sus pies de los machetes, indicó Joel Brito, quien trabajó como experto en seguridad laboral del único sindicato de la isla, la Central de Trabajadores de Cuba.

El Ministerio del Interior (MININT) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, dueños de un gran número de empresas de manufactura y construcción, no informan de accidentes industriales a la Oficina Nacional de Estadísticas, destacó Brito.

“No hay medios de protección por falta de recursos financieros. Si eso se da en la economía estatal, imagínate cuando se trata de un prisionero”, agregó Brito, quien ahora encabeza un grupo de Miami que supervisa los abusos laborales en Cuba.

Preguntas sobre el trabajo en las prisiones en Cuba surgieron la semana pasada en medio de informes de que la cadena de muebles IKEA y una firma alemana oriental habían contratado a la compañía estatal cubana EMIAT, para usar el trabajo en las prisiones con el objetivo de manufacturar mesas y sofás en 1987.