BRASILIA -- El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se vio envuelto en serios cuestionamientos luego de que un juez del máximo tribunal lo acusó de presionarlo para aplazar el juicio sobre el mayor escándalo de su mandato, en el que parlamentarios habrían recibido pagos para votar proyectos de interés del gobierno.
La acusación del juez Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) sobre la supuesta presión de parte de Lula surgió en momentos que esa corte se prepara para llevar a juicio en agosto el escándalo conocido como “mensalao” sobre el pago a los legisladores brasileños.
El escándalo que estalló en el 2005 durante el primer mandato de Lula estuvo a punto de provocar la caída de su gobierno; aunque posteriormente logró recuperarse y ganó la reelección en los comicios del 2006. Lula concluyó su segundo período el 31 de diciembre del 2010, después de ocho años en el poder, como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil.
El “mensalao”, nombre que alude al supuesto pago mensual a legisladores, provocó la destitución o renuncia de varios diputados y ha sido un dolor de cabeza para el Partido de los Trabajadores de Lula.
Para el analista político David Fleischer, de la Universidad de Brasilia, el partido quiere atrasar el juzgamiento del caso para evitar que afecte a esa fuerza en las elecciones municipales de octubre.
“Lula quiere que ellos (los jueces del máximo tribunal) anulen o atrasen el juicio hasta después de las elecciones de octubre”, comentó Fleischer. El partido “ha presionado indirectamente por eso hace bastante tiempo, pero este es el primer esfuerzo directo por persuadir a un juez”, agregó.
La denuncia de Mendes surgió el fin de semana en declaraciones publicadas por la revista Veja, a la que dijo que Lula se reunió con él en Brasilia el 26 de abril en la oficina del ex ministro de Justicia y de Defensa y ex juez del máximo tribunal Nelson Jobim.
Aseguró que a cambio de ayuda para aplazar el juicio, Lula ofreció “blindarlo” de las investigaciones en el Congreso sobre las ramificaciones políticas del empresario Carlos Augusto Ramos, acusado de manejar una red de apuestas ilegales y de sobornar políticos para obtener contratos para una empresa constructora en la cual tenía intereses.
Mendes dijo que Lula insinuó tener información de que el juez realizó un viaje a Alemania con parte de sus gastos pagados por Ramos, actualmente preso tras una operación policial de desarticulación de la red de apuestas ilegales.
Lula, en una declaración escrita, negó con vehemencia las acusaciones y dijo sentirse “indignado” con la versión divulgada por Mendes, aunque admitió haberse encontrado con el magistrado.
Recordó que incluso postuló al entonces fiscal general Antonio Fernando de Souza para continuar en su cargo después de que éste denunció el “mensalao” al máximo tribunal y lo citó como un ejemplo de su respeto por la independencia del poder judicial.
“Yo nombré a ocho magistrados del Supremo y ninguno de ellos puede registrar ninguna presión u orden mía a favor de nadie”, aseguró Lula en su comunicado.





























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