La guerra conservadora contra la enseñanza pública se ha intensificado en la Florida, con la artera manipulación de las pruebas de aptitud conocidas como FCAT. Una cantidad sin precedentes de colegios y estudiantes las reprobaron este año porque las autoridades estatales de educación elevaron drásticamente las normas que en ellas han de satisfacer alumnos y escuelas. Como resultado, 108 centros de enseñanza pública recibirán F en comparación con 38 el año pasado. Y casi la mitad de los alumnos que tomaron el FCAT lo desaprobaron, a pesar de que a última hora los distritos escolares bajaron los requisitos para prevenir una catástrofe y la rebelión de los padres que, con honrosas excepciones, han permanecido pasivamente al margen de las maniobras contra la enseñanza pública.
Las jeremiadas contra esta modalidad de enseñanza son una vieja tradición no solo en la Florida sino en toda nuestra intranquila república. Desde 1820, reformistas reales o imaginarios se han quejado de que Estados Unidos padece un sistema de enseñanza poco exigente, maestros ignorantes y funcionarios escolares ineptos. En 1982, el gobierno del presidente Reagan elevó esta tendencia crítica al paroxismo cuando en un informe oficial, titulado "Una nación en riesgo", tronó contra el aprendizaje supuestamente mediocre de los jóvenes norteamericanos. En los 90 George W. Bush le subió la parada y alumbró "No Child Left Behind" que convirtió la educación pública en un esquema de técnicas para tomar exámenes de lectura y matemáticas, programa que, con ligeras variantes, ratificó con lamentable resignación el presidente Obama con su estrategia "Rise to the Top".
Por fortuna, el país ha respondido al zafarrancho de quejas, lamentaciones y negativismo manteniéndose invariablemente entre los 10 primeros del mundo en materia de educación pública. Incluso ahora, cuando los conservadores intensifican sus ataques, Estados Unidos ostenta la tasa de graduación de secundaria más alta de toda su historia, a pesar de que nunca antes habían asistido a sus escuelas públicas tantos estudiantes de minorías étnicas ni pobres. También envía cantidades récord de graduados de secundaria a las universidades; y eleva anualmente el porcentaje de egresados de college. Unicamente países étnicamente homogéneos y escasamente poblados, como Finlandia y Nueva Zelanda, muestran índices de escolaridad superiores a los nuestros.
Estos antecedentes sugieren que, lejos de merecer una gradual aniquilación, como la que persiguen extremistas, nuestro sistema de enseñanza pública necesita una vigorosa defensa. De ella dependen más del 90 por ciento de los jóvenes que ni antes, ni ahora ni nunca tendrán alternativas mejores para recibir una educación básica. Parte de esta deseable defensa ha de consistir en destacar los logros extraordinarios de nuestras escuelas públicas en circunstancias complejas. Otra parte debería consistir en enfrentar con determinación los problemas reales de nuestra enseñanza. Uno es la persistente brecha académica entre los estudiantes pobres y los de clase media o afluente. Otro es el repunte de la segregación racial. Un tercero es la escasez de incentivos para atraer a la profesión magisterial a más personas con talento. Y un cuarto es la necesidad de reorientar la educación pública del actual sistema conservador, esencialmente basado en técnicas para tomar exámenes de lectura y matemáticas, hacia otro más amplio que fomente también el aprendizaje de idiomas, artes y humanidades.
Los críticos conservadores preparan un nuevo asalto. Viene en la forma de un reporte, titulado US Education Reform and National Security, que con osadía vincula sin pruebas las deficiencias de nuestra educación con supuestas amenazas a nuestra seguridad nacional. El informe, realizado por académicos y políticos conservadores, no menciona que Estados Unidos invierte más en seguridad nacional que los restantes 20 países que le siguen combinados entre sí. Y con injustificada alarma advierte que media docena de países nos superan en educación pública -Finlandia, Corea del Sur, Japón, Singapur, Nueva zelanda y Australia- sin reparar en que todos son nuestros aliados y, por consiguiente, no amenazan nuestra seguridad nacional. Se trata de otra vuelta de tuerca en el esfuerzo inoportuno por socavar nuestra enseñanza pública, una de las instituciones nacionales de las que siempre podremos hablar con orgullo aun cuando nunca nos deje completamente satisfechos.


























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