Un proyecto para enmendar la Ley de Ajuste Cubano (CAA) será analizado esta tarde en Washington, D.C., bajo una fuerte polémica y reclamos de una parte de la comunidad cubanoamericana que rechaza la posibilidad de que le retiren el estatus migratorio a quienes viajen a la isla antes de ser aprobada su ciudadanía estadounidense.

El proyecto de ley fue presentado el 1ro. de agosto del 2011 por David Rivera, representante republicano de la Florida y férreo opositor a toda medida de acercamiento o flexibilización al gobierno cubano. El Subcomité de Inmigración de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes debatirá el tema en una sesión que ha sido programada a las 2 p.m.

“El propósito es terminar con los abusos y creo que reformar la Ley de Ajuste Cubano ayudará precisamente a garantizar el mantenimiento de los beneficios de residencia para aquellos que pidan asilo político en el futuro”, dijo Rivera a El Nuevo Herald. “En otras palabras, tenemos que ajustar la ley para salvarla”.

La propuesta exige que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) rescinda el estatus concedido por la CAA a los cubanos que regresen a la isla antes de cinco años, tiempo que generalmente necesitan para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.

“Un extranjero no será elegible para el ajuste de estatus […] si regresa a Cuba después de ser admitido o haber recibido libertad condicional en Estados Unidos”, precisa el texto de la enmienda. “El Secretario de Seguridad Nacional deberá revocar el estatus de un extranjero que haya obtenido el ajuste de estatus bajo esta sección […] si el extranjero regresa a Cuba antes de ser admitida su ciudadanía”, añade.

El propósito original de la CAA, creada en 1966, considera que los cubanos que huyen de la isla son refugiados políticos. En ese contexto otorga a cualquier cubano el derecho a la residencia permanente al año y un día de haber llegado a este país.

La propuesta de Rivera coincide con esfuerzos de líderes republicanos en Washington para volver a una línea de mano dura y aplicar restricciones en otros campos de acción, como los viajes familiares y envíos de remesas a Cuba.

Mauricio Claver-Carone director del comité de acción política US-Cuba Democracy, de Washington, sostuvo que el marco de la ley original merece ser analizada en profundidad debido a las condiciones y abusos que se han registrado.

Añadió que la represión en Cuba está en auge y es necesario que Estados Unidos siga protegiendo a las víctimas del régimen de los Castro.

Claver ha sido invitado hoy jueves para testificar ante el subcomité.

“Por eso no debemos permitir que se abuse de este privilegio especial y de la generosidad de los contribuyentes norteamericanos, ya que se arriesga a poner en peligro estas protecciones para los que verdaderamente la necesitan”, señaló.

En Estados Unidos hay cerca de dos millones de cubanos y familiares, la mayoría radicados en la Florida. El año pasado cerca de 400,000 cubanoamericanos visitaron Cuba, según fuentes de la industria de viajes. El auge de las visitas familiares coincide con una prolongada crisis interna en la isla.

Tomás Bilbao, director ejecutivo del Cuba Study Group, en Washington, rechazó los argumentos de Rivera para hacer modificaciones al marco original de la CAA. Bilbao también ha sido invitado a dar su testimonio ante los miembros del subcomité que preside Elton Gallegly, republicano de California.

“Creemos que este proyecto de ley equivale a poco más que otra prohibición de viajar a Cuba, al tipificar como delito los viajes familiares y negando a decenas de miles de inmigrantes cubanos beneficios bajo la Ley de Ajuste Cubano”, puntualizó Bilbao.

En Miami, Ramón Saúl Sánchez, portavoz del Movimiento Democracia (MD), declaró que la idea de modificar los términos de la CAA sólo traerá consecuencias negativas.

“Al promover esta discusión de alguna manera se invita a un debate que no hará aún más visible una ley sino que podría terminar siendo derogada”, precisó Sánchez. “La familia cubana tiene la necesidad de mantener el contacto. Esto también ayuda a terminar con la dictadura de nuestro país”.

Howard Simon, director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles Americanas de la Florida (ACLU), advirtió que muchas personas podrían ser deportadas injustamente.

“Esto no es más que una crueldad en nombre del aislamiento ideológico de Cuba y una restricción innecesaria a la libertad de viajar”, dijo.