GINEBRA -- El Comité de la ONU sobre la Tortura reiteró hoy su preocupación por las denuncias en Cuba de detenciones arbitrarias por breves periodos contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes.

Cuba negó que se haya producido un aumento de ese tipo de arrestos sin orden judicial.

En su informe final tras el examen del cumplimiento en Cuba de la Convención Internacional contra la Tortura, el comité señala que “ante la falta de datos oficiales, sigue seriamente preocupado” por las denuncias de que ese tipo de detenciones se han incrementado y por “el uso de figuras penales ambiguas”.

Entre ellas cita la “peligrosidad social predelictiva” como medio para justificar “restricciones a la libertad de circulación, operaciones de vigilancia invasiva, agresiones físicas y actos de intimidación y hostigamiento presuntamente cometidos por la Policía Nacional Revolucionaria y miembros de los Órganos de Seguridad del Estado”.

Asimismo denuncia que continúan produciéndose “actos de repudio” frente a las viviendas de miembros de las llamadas Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba.

“El comité lamenta la reticencia del Estado para presentar información completa sobre los incidentes mencionados en la lista y las medidas tomadas para evitar este tipo de acciones coordinadas en las que se advierte la presunta connivencia entre los hostigadores y la autoridad policial”, señala.

Igualmente menciona la “falta de datos desglosados sobre denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas de casos de tortura y malos tratos, así como de casos de muertes en custodia (…)”.

En este ámbito, Cuba aseguró durante la sesión que el comité le dedicó que en ninguno de los casos de muerte en detención ocurridos durante el periodo analizado se estableció la responsabilidad de las fuerzas a cargo de la custodia y que ninguna autopsia evidenció signos de violencia corporal.

En respuesta a esa posición, el comité señala en su informe que Cuba no proporcionó información estadística sobre las causas de esas muertes y mencionó que, según la “escasa información” que ha recibido, entre 2010 y 2011 se registraron 202 fallecimientos en el sistema penitenciario.

El órgano de la ONU considera que se trata de una “cifra elevada”, al tiempo que deploró que la información sobre la muerte de Orlando Tamayo, quien murió detenido mientras realizaba una huelga de hambre, fuera entregada de modo “extemporáneo” y “sin posibilidad de entablar diálogo al respecto”.

Otra cuestión mencionada en el informe se refiere a la ausencia de datos sobre el número y situación de quienes están privados de la libertad acusados de un delito contra la seguridad del Estado.