CARACAS -- La venta de armas y municiones quedó prohibida en todo el territorio venezolano luego de la entrada en vigencia el viernes de una normativa que aprobó el gobierno para combatir la creciente delincuencia.

“Ya nadie va a poder tener armas nuevas ni tener portes nuevos… La tendencia es hacia desarmar a la población civil”, dijo el ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, al explicar los alcances de la resolución, reseñó el viernes la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

La regulación generó escepticismo entre analistas y opositores que afirmaron que la mayoría de los millones de armas que circulan en Venezuela son ilegales, por lo que estimaron que la medida no tendrá mayor repercusión para reducir los altos índices de criminalidad.

El Aissami indicó que los cuerpos policiales y la fuerza armada son los únicos que quedaron exentos de esta normativa. Agregó que el suministro de armas y municiones a las policías quedó bajo exclusiva responsabilidad del Ministerio de Relaciones Interiores.

“En Venezuela nunca existió control hasta el año 1998 sobre las armerías, que inclusive podían importar directamente desde las casas del fabricante…Las armas se vendían sin control. Se entregaban y luego quien la compraba era quien tramitaba el porte de arma. Eso es algo propio de la lógica del capitalismo”, afirmó el ministro.

Sobre las armerías que se verán afectadas por la medida El Aissami no aportó cifras, y solo mencionó que hasta 1998 existieron en el país 3,000 comercializadoras de armas.

El coordinador de la comisión de seguridad ciudadana del bloque opositor, Luis Izquiel, afirmó que el gobierno está “mal enfocado” al tratar el desarme porque esta resolución “va dirigida a las personas que portan legalmente armas de fuego… y resulta que esa es la minoría hoy en Venezuela”.

Izquiel dijo que según cifras que maneja la comisión parlamentaria que maneja el tema del desarme, las autoridades solo tiene registrados “25,000 portes de armas”, mientras que para el 2010 circulaban en el país “10 millones de armas de fuego”, de acuerdo a estimaciones de Amnistía Internacional.

“Aquí los delincuentes no utilizan armas de fuego legales”, expresó el analista al plantear que para combatir la creciente delincuencia “hay que ir es por esas armas que son millones”.

Izquiel afirmó que desde el 2004 el gobierno del presidente Hugo Chávez ha emitido algunas normativas para impulsar el desarme, pero aseguró que esas regulaciones no han tenido mayor impacto debido a que la tenencia de armas ilegales ha ido aumentado.

El analista atribuyó esta regulación, así como otra que anunció el gobierno el mes pasado que prohibe el porte de armas en espacios públicos, parques y zonas de espectáculos, a motivaciones “electoreras”.

“Como estamos apenas a cuatro meses de la elección presidencial, ellos (el gobierno) tienen que dar viso de mostrarse preocupados por el desarme”, precisó.

La criminalidad es considerada por los venezolanos el principal problema del país, según encuestas locales.

De acuerdo con cifras oficiales, en el 2010 se registraron 48 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que convierte al país en uno de los más violentos de la región.

A inicios de año El Aissami admitió que para el gobierno ha sido difícil “romper ese piso duro de 48 muertes por cada 100,000 habitantes” pero reconoció que se ha bajado “significativamente esa curva en estos últimos años” aunque no precisó cifras.

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia estimó que entre 1998 y el 2010 la tasa de homicidios en Venezuela pasó de 19 a 57 por cada 100,000 habitantes. Según sus estimaciones en el 2011 se alcanzó una cifra récord de 19,336 homicidios.