BUENOS AIRES -- El vicepresidente argentino es un hombre con fama de rebelde, al que le gusta divertirse y tocar la guitarra y quien se presentó al festejo del triunfo electoral enfundado en una chaqueta de cuero, parte de una nueva generación que se prepara para ejercer el poder en el futuro. Un escándalo, no obstante, le está desdibujando a Amado Boudou su imagen de político precoz, lleno de promesas.

Boudou, de 48 años, ha sido acusado de interceder para que un contrato de 55 millones de dólares para imprimir billetes fuese concedido a asociados secretos a través de una oscura compañía que fue usada para costear viajes de placer de amigos y familiares.

El vicepresidente sostiene que la prensa y la justicia inventaron el escándalo. “Hay un plan urdido para intentar buscar una ligazón con personas que yo no las tengo”, afirmó Boudou en un enérgico discurso ante el Senado en abril, la única ocasión en que se explayó en torno al tema.

Pero figuras de la oposición dicen que Boudou y el gobierno están tratando de encubrir el escándalo, con una actitud que refleja una cultura de impunidad. El episodio alimenta la ansiedad de la población en torno a un gobierno al que le cuesta estabilizar la economía y que está enfrentado con el sector empresarial.

Los fiscales dicen haber encontrado evidencia suficiente como para acusar de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y manejo de influencias a Boudou, su novia, su mejor amigo y un misterioso abogado que supuestamente usó por años como testaferro en negocios secretos. Un juez investigador debe decidir ahora si le inicia un proceso que, de ser hallado culpable, podría impedirle volver a ejercer cargos públicos.

Algunos gobiernos latinoamericanos han tomado sonadas medidas contra la corrupción. Chile saca a licitación todo contrato de 150 dólares para arriba a través de un sistema transparente en línea. La presidenta de Brasil Dilma Rouseff se desprendió de siete ministros sin siquiera esperar los resultados de investigaciones de malversación de fondos públicos.

En Argentina, donde la justicia usualmente avanza a paso lento, Boudou consiguió resultados inmediatos con su queja de que elementos corruptos de la justicia estaban filtrando información comprometedora: el fiscal y el juez investigador que intervenían quedaron afuera del caso, y el Procurador General Esteban Righi, venerado por su trabajo en el área de los derechos humanos, renunció bajo presión.

Es poco probable que Boudou sea sometido a juicio político ya que Fernández tiene amplia mayoría en el Congreso.

En esta sistema, es la prensa la que está sacando a la luz las presuntas irregularidades, y a cada rato surgen nuevos indicios que vinculan a Boudou con The Old Fund, una empresa de propiedad desconocida con la que al funcionario dice no tener relación alguna.

Boudou niega haber cometido irregularidades y la presidenta Cristina Fernández le está dando un silencioso pero claro apoyo, incluyéndolo casi a diario en eventos frente el público. El problema es que Boudou, quien hasta hace pocos meses asomaba como el candidato natural a suceder a Fernández en el 2015, no habría actuado solo: los líderes de la agencia impositiva, del banco central y de la casa de la moneda apoyaron algunas de las decisiones que lo llevaron a los tribunales.