Vuelva con nosotros a esos emocionantes días de antaño, cuando se escucharon las altisonantes palabras de un profesor de derecho constitucional que nos prometió que iba a poner fin al insensible desprecio del vaquero George W. Bush por la ley.

“Vamos a predicar con el ejemplo, no sólo con palabras sino con hechos. Vamos a cerrar Guantánamo”, gritó Barack Obama a la multitud en San Antonio ese día del 2007. “Y vamos a restaurar el habeas corpus”.

Resultó ser que no ha habido mucho habeas pero sí un montón de corpus. La alternativa de Obama a enviar a sospechosos de terrorismo a la prisión federal en Guantánamo ha sido matarlos, por centenares y quizá por miles. El conteo de muertos sólo en Pakistán, según la New America Foundation, estaba la semana pasada entre 1,456 y 2,372 desde que Obama llegó a la presidencia.

La gran mayoría de esas muertes fueron obra de los aviones sin piloto ( drones) adecuadamente llamados Predator (Depredador), que, pilotados por control remoto desde salas de mando en la CIA y el Pentágono en Estados Unidos, surcan lentamente los cielos del Medio Oriente en busca de objetivos para atacarlos con los misiles llamados, aún más adecuadamente, Hellfire (fuego del infierno). (Aunque John Rizzo, ex abogado de la CIA, explicó en una entrevista la semana pasada que a la Casa Blanca de Obama a veces le gusta usar el estilo de la vieja escuela: “El Predator es el arma preferida, pero también podría ser alguien que le dispara una bala en la cabeza.)

Obama ha lanzado más de 250 ataques con drones durante los tres años que lleva en el cargo, más de seis veces los que ordenó el desaforado vaquero Bush en toda su presidencia. Y decir que Obama los lanzó no es una figura retórica: un largo artículo que el New York Times publicó la semana pasada detalla cómo el Presidente aprueba personalmente el objetivo de cada ataque en las acogedoras reuniones en la Casa Blanca conocidas como Martes de Terror.

El Presidente baraja un montón de biografías y fotos que algunos participantes de la reunión comparan con postales de béisbol, aplicando no sólo su poderoso intelecto sino también su refinada sensibilidad moral (“un estudiante de los escritos sobre la guerra de San Agustín y Santo Tomás de Aquino”, escribieron los asombrados reporteros del New York Times) antes de decidir quién va a lo que se conoce, con una escalofriante ausencia de eufemismo, como la “lista de ejecuciones”.

En realidad hay dos listas de ejecuciones, una compilada por el Pentágono y otra por la CIA, que usan distintos criterios legales, que convenientemente permiten a los funcionarios de gobierno buscar el mejor foro para aprobar sus objetivos. ¿Y cuáles son esos criterios distintos? Es más, ¿en qué parte de la Constitución de Estados Unidos o en qué código jurídico está la cláusula que permite al presidente nombrarse juez, jurado y verdugo?

Nadie lo sabe. El gobierno de Obama ha dado un carácter secreto a todos sus memorandos y opiniones legales usados para justificar las muertes y ha rechazado todos los intentos para que se revelen. Curiosamente, Obama tenía una perspectiva muy distinta de las opiniones legales del gobierno de Bush sobre las técnicas de interrogatorio que se parecían mucho a torturas: las desclasificó rápidamente, aun cuando seis ex directores de la CIA le pidieron que no lo hiciera.