La purga de votantes no ciudadanos de la Florida parece que no tiene para cuando acabar.

Los 67 supervisores condales de elecciones — quienes tienen la última palabra sobre las purgas de votantes —afirman que no están llevándola a cabo porque no confían en la exactitud de una lista de casi 2,700 posibles no ciudadanos identificados por la oficina de elecciones del estado. El Departamento de Justicia de EEUU ha ordenado al estado que detenga la purga.

“Simplemente, no lo vamos a hacer”, dijo el supervisor de elecciones del Condado León, Ion Sancho, uno de los que más abiertamente habla. “He hablado con muchos de los demás supervisores, y están de acuerdo. La lista está mal. Y eso es ilegal”.

Hasta el momento, más de 500 han sido identificados como ciudadanos y votantes lícitos en las listas de votantes. Alrededor de 40 personas a nivel estatal han sido identificadas como no ciudadanos. Al menos cuatro podrían haber votado y serían culpables de un delito de mayor cuantía de tercer grado.

La elegibilidad de unas 2,000 no ha sido identificada.

Ken Detzner, secretario de Estado de la Florida, afirma que él espera conseguir que los supervisores cambien de idea por medio de trabajar más de cerca con ellos. Pero, aunque la purga se ha detenido, la pelea entre el estado y el gobierno federal acaba de empezar ahora que el Departamento de Justicia exigió la semana pasada que el estado cesara la purga debido a dos leyes federales sobre el voto.

Detzner dijo que el gobierno federal no sólo ha interpretado mal las leyes, sino que está entorpeciendo los esfuerzos del estado por eliminar a los votantes no elegibles negándose a permitir el acceso a la Florida a una base de datos de ciudadanía e inmigración que mantiene el Departamento de Seguridad Territorial.

“Tenemos que hacer un mejor trabajo”, dijo Detzner. “Pero no podemos hacer un mejor trabajo. Y la razón es que Seguridad Territorial nos está atrasando”.

Detzner, cuya oficina ha estado solicitando acceso a la base de datos desde octubre, ha pedido reunirse con Seguridad Territorial para que accedan a sus demandas y le permitan acceso a la base de datos. De ese modo, el estado podría entregar una lista más exacta y más fácil de comprobar a los supervisores de elecciones, dijo.

Sin acceso a la base de datos federal, el estado comparó sus listas de votantes con una base de datos del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (DHSMV) que contiene alguna información de ciudadanía recibida cuando alguien obtiene una identificación estatal.

Pero esa base de datos no se pone al día cuando la persona se hace ciudadana. Muchas personas se hacen ciudadanas estadounidenses y entonces se registran legalmente para votar, pero pueden parecer votantes no ciudadanos cuando el departamento de elecciones compara sus listas con las del DHSMV. Para resolver el problema, el DHSMV ha pedido al gobierno federal que le entregue información al día de ciudadanía.

Eso haría que la supervisora de Elecciones de Miami-Dade Penelope Townsley se sintiera más cómoda. Ella escribió en una carta enviada la semana pasada que le preocupaba que la lista no es confiable, y que “la información sólo refleja la última vez que el votante se puso en contacto con el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados”.

Miami-Dade ha determinado que 514 personas de la lista son ciudadanos. Alrededor de 14 no son ciudadanos. Al menos dos han votado y se ha enviado sus nombres a la fiscalía estatal para que sean investigadas.

Townsley culpó al estado por entregar una lista de alrededor de 1,600 votantes que contenía identificaciones duplicadas y los nombres de votantes que ya no deberían figurar en la misma, incluyendo tres difuntos.

Demócratas, liberales y grupos de defensa de los derechos de las minorías han expresado preocupación con respecto al hecho de que el 87 por ciento de los que figuran en la lista de posibles no ciudadanos pertenecen a minorías.

Mientras tanto, grupos conservadores del movimiento Tea Party han empezado a apoyar a la administración del gobernador Rick Scott y a Detzner. Algunos han empezado a visitar a los supervisores de elecciones locales para asegurar que se continúe o se comience de nuevo la comprobación de ciudadanía de los votantes.

“Vamos a mantener la presión en todo el estado”, dijo Billie Tucker, cofundador de First Coast Tea Party en Jacksonville. “Queremos que los votantes que no sean ciudadanos sean llevados a juicio. No sabemos cuántos hay”.