MEXICO -- El presidente de México, Felipe Calderón, promulgó el viernes una ley que impone sanciones de hasta $13 millones a empresas mexicanas o extranjeras que cometan actos corruptos en contrataciones públicas o transacciones comerciales internacionales.

La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas estipula multas por el equivalente a dos millones de veces el salario mínimo diario (unos 8,7 millones de dólares) y un 50 adicional si “el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima”, precisó.

En un acto celebrado hoy en la residencia presidencial de Los Pinos, Calderón explicó que la norma también contempla sanciones para particulares o funcionarios que participen en licitaciones e incurran en ese delito.

En esos casos, la multa será de hasta 50,000 veces el salario mínimo (unos $213,000) y un 50 por ciento más si “el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima”.

Así, “no sólo castigaremos a los particulares que hayan incurrido en actos de corrupción, por lo que significa un verdadero fraude, una estafa a los mexicanos, sino que, también, nuestro objetivo es que haya bases para que exista una mayor autorregulación en las empresas”, comentó.

“Con esta nueva ley pondremos punto final a la corrupción de las empresas, que es tan nociva como la corrupción de los agentes gubernamentales”, dijo el mandatario, quien consideró “indispensable” golpear ambos eslabones para romper la cadena.

La corrupción en México, que se ha convertido en un “cáncer público y social”, se “podrá combatir en cualquiera de sus variantes”, aseguró.

Destacó que serán “sancionados quienes incurran en actos de soborno, extorsión, colusión, simulación, tráfico de influencias y presentación de información falsa, a fin de generar certeza sobre las acciones que no son permisibles en la relación entre los concesionarios, proveedores y contratistas con el Gobierno”.

La ley establece, además, “las condiciones bajo las cuales se puede reducir la sanción (incentivos) a quienes colaboren para detectar actos de corrupción”, así como los periodos de inhabilitación para participar en contrataciones públicas federales a quienes incurran en el delito.

Según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), en promedio los montos de la corrupción en México equivalen a entre siete y nueve puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB).

La organización Transparencia Mexicana calcula que en uno de cada 10 trámites públicos se produce un acto de corrupción y que anualmente se pagan en el país más de 32,000 millones de pesos (unos $2,269 millones) en ese tipo de prácticas.