Luis Ortega, de 29 años y residente en Tampa, es la clase de persona en que se ha estado enfocando el gobernador Rick Scott.

El no es un ciudadano estadounidense.

Y votó en unas elecciones en la Florida.

El nombre de Ortega se incluyó entre los 2,625 sospechosos de no ciudadanos incluidos en la ahora famosa lista de votantes investigados. Aunque desacreditada por los supervisores de elecciones del condado, la lista sigue siendo un tema de intenso debate partidista y un objeto de enfrentamiento legal entre la Florida y el gobierno federal.

Scott dice que está determinado a preservar la integridad del proceso de votación al eliminar a los no ciudadanos de las listas.

Sin embargo, una revisión del Herald/Times de la información de votantes de los mayores condados de la Florida ha identificado sólo a seis no ciudadanos que han votado hasta ahora.

Ortega es el único no ciudadano en el área de Tampa Bay identificado por haber votado. El ahora dice que fue un error.

Dos personas no ciudadanos que habían votado fueron identificados por los Supervisores de Elecciones de Miami, uno de ellos en una ocasión y el otro en siete ocasiones desde el 2000. El condado Collier identificó a dos no ciudadanos que votaron en el 2010. Y funcionarios del Condado Orange encontraron a una mujer allí que votó dos veces en el 2008, incluso cuando no era ciudadana.

Todos sus nombres se enviaron a los fiscales estatales para su posible procesamiento judicial.

Pero los críticos de la investigación dicen que lo poco frecuente de la situación prueba que el riesgo de pasar un tiempo en la prisión es suficiente para desalentar a los no ciudadanos a que no voten.

“Es el caso clásico de usar un cañón cuando sería suficiente un matamoscas”, dijo Mark Ferrulo, de Progress Florida, un grupo liberal que ha criticado el enfoque de “redada judicial” de Scott para cazar a los no ciudadanos en las listas. “Coloca la responsabilidad en los votantes para que prueben que son ciudadanos estadounidenses, y es absolutamente una forma de suprimir el voto”.

Mientras los supervisores de elecciones locales suspenden las búsquedas condado por condado de los no ciudadanos, al calificar de defectuosos los datos del estado, Scott los defiende como necesarios para el esfuerzo de limpiar las listas de no ciudadanos. Para hacerlo, apunta a personas como Ortega, quien se mudó a la Florida proveniente de Ecuador cuando tenía 10 años y administra un pequeño negocio en Tampa que suministra servicios de tecnología a los negocios.

“Los funcionarios electorales de la Florida tienen una obligación de proteger los derechos de los votantes elegibles a sufragar”, dijo Scott en el sitio web del estado que explica sus esfuerzos. “Y eso incluye prevenir que los no ciudadanos participen en una elección”.

Ortega vive en West Tampa y administra L. Ortega & Associates of Tampa Bay, una compañía que instala computadoras y suministra apoyo de tecnología de la información.

Se registró para votar en Tampa en el 2004, con un formulario publicado en español. No mencionó ninguna filiación partidaria y marcó “sí” cuando se le preguntó si era “ciudadano”, es decir, un ciudadano de Estados Unidos.