PHOENIX -- Abogados de Joe Arpaio, el jefe policial del condado de Maricopa, pidieron el viernes a una corte federal que deseche una demanda según la cual su oficina incurrió en una serie de conductas de discriminación contra latinos en sus patrullajes para detener a inmigrantes carentes de permiso para permanecer en el país.

La demanda señala también que Arpaio fomentó una cultura de desprecio por los derechos constitucionales básicos.

La moción presentada por los abogados de Arpaio llegó casi un mes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso una querella acusando a la oficina de Arpaio de categorizar racialmente a los latinos y de castigar a reos hispanos por hablar español.

Arpaio está acusado además de organizar algunos patrullajes en busca de inmigrantes sin permiso de estancia en el país con base en cartas de ciudadanos que no denunciaban un delito específico, sino que se quejaban de que personas con piel oscura se congregaban en cierta área o hablaban español.

El alguacil ha negado las acusaciones de un patrullaje sistemáticamente discriminatorio. Ha calificado la demanda como un ataque políticamente motivado por parte del gobierno del presidente Barack Obama con la intención de ganarse a los votantes latinos, y ha exigido que el Departamento de Justicia proporcione datos para probar sus acusaciones.

En su alegato presentado el viernes en la corte federal de distrito en Phoenix, los abogados de Arpaio dijeron que la oficina del alguacil debía descartarse como acusada “porque es una entidad carente de una índole jurídica le permita demandar ni ser demandada”.

La moción señaló también que el Departamento de Justicia no pudo respaldar sus aseveraciones con “suficiente evidencia estadística”.

Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron en una carta enviada en diciembre a Arpaio que éste proporcionó esos detalles a su oficina.

No hubo respuesta inmediata a una llamada de la AP realizada la noche del viernes al Departamento de Justicia en Washington, D. C., en busca de comentarios sobre la moción de Arpaio.

La demanda fue presentada después de que se interrumpieron en abril las negociaciones mediante las que se designaría un monitor que ayudaría a implementar un acuerdo. La oficina del alguacil dijo que permitir un monitor designado por la corte significaría que cada decisión sobre qué política seguir tendría que ser autorizada a través de un observador y nulificaría su autoridad.