En septiembre del 2009, los comisionados de la Ciudad de Miami-Beach acordaron no aumentar la tasa de impuestos a la propiedad pese al declive del valor de las viviendas y la drástica alza en las pensiones municipales.

Ante un déficit presupuestario de casi $20 millones, enfilaron sus cañones hacia los sindicatos. Casi tres de cada cuatro dólares que el gobierno de la ciudad balneario gasta van a cubrir los costos de su fuerza laboral. La Ciudad pidió que los empleados aumentaran su contribución al plan de pensiones de 8 por ciento a 10 por ciento.

“Todo el mundo tiene que contribuir un poquito”, dijo el administrador, Jorge González, a los comisionados.

Meses antes, al finalizar un taller de cuatro horas en el que un asesor advirtió sobre un futuro teñido de incertidumbre financiera si no recortaban los gastos de jubilación, González declaró: “No es una catástrofe fiscal”.

Es muy fácil exhortar a los colegas a conceder unas migajas de sus ganancias y pintar a los contribuyentes una realidad serena cuando se hunde el barco. Lo difícil es el sacrificio propio, concepto inédito para González, quien hace poco fue forzado a renunciar en medio de una polémica en torno a su excesivo poder e ineficacia para investigar la corrupción.

A los 45 años, González se marcha con un bochornoso paquete de indemnización que representa una bofetada a los contribuyentes de la Playa. El es un símbolo de los jerarcas de los gobiernos locales del sur de la Florida que se han entronizado en una suerte de Olimpo subtropical.

González devengó en salario $231,000 durante el último año fiscal. Según el contrato inicial que firmó en el 2000, si su renuncia era “sugerida” por la Ciudad, tendría derecho a una indemnización equivalente a su salario. Eso en sí ya es exorbitante.

Sin embargo, en el 2006 el contrato fue enmendado para que la indemnización no se limitara solamente al salario anual, sino que incluyera toda su compensación monetaria y en beneficios, que se han multiplicado año tras año.

Ahora la Ciudad hace frente a un acertijo que ha sacado a la luz los lujos y exuberantes incentivos que los contribuyentes hemos dado a González para dirigir una de los municipios más corruptos del Condado Miami-Dade.

The Miami Herald publicó recientemente una lista de los incentivos que recibe González que deja boquiabierto a cualquiera que los lee, especialmente en esta época de vacas flacas que ha dejado a tantos residentes de Miami Beach sin trabajo y/o sin hogar.

Entre estos destacan: un subsidio de vivienda de $2,001 mensuales; un automóvil de la ciudad; un pago quincenal de compensación diferida a un programa de retiro por $16,500 anuales; pago de las primas de seguros médico y dental para él y sus dependientes; una póliza de seguro de vida con una aportación anual de la Ciudad equivalente al 10 por ciento de su salario básico.

No se alteren todavía que ahora viene lo mejor: González es socio del Miami Beach Golf Club, cortesía del gobierno municipal; tiene una cuenta de vacaciones con 416 horas acumuladas con valor de $46,000, y recibe un pago anual equivalente al 15 por ciento de su salario para el plan de pensiones de contribuciones definidas del municipio.