TALLAHASSEE -- Una aseguradora de salud con un pasado dudoso se está preparando para hacer una oferta en contratos del gobierno del estado por miles de millones de dólares para atender a los pobres y los discapacitados de la Florida.

Y tiene más del 50 por ciento de probabilidades de ganar al menos parte de ese negocio.

Mientras la Florida inicia su plan para transferir a 1.2 millones de pacientes de Medicaid a planes privados de salud, se espera que WellCare Health Plans, de Tampa, obtenga contratos estatales que convertirán la atención de la salud para los pobres en programas de atención médica administrada. La medida es una etapa inicial en la reforma de Medicaid aprobada por la Legislatura en el 2011, a la espera de ser aprobada por el gobierno federal.

La decisión de WellCare para hacer una oferta, aunque no inesperada, ha provocado la indignación de los críticos, que se preguntan cuán mal tiene que actuar una empresa antes de que se le prohíba obtener contratos con el gobierno, y se le quite el derecho a atender a las personas más vulnerables del estado.

Los funcionarios de WellCare dicen que la empresa ha cambiado en los dos años transcurridos desde que accedió a pagar un acuerdo de $137.5 millones por un fraude, en medio de acusaciones de que la compañía estafó dinero a los programas estatales de Medicaid y de Healthy Kids, y que se deshacía sistemáticamente de los pacientes con necesidades médicas costosas.

“Creo que ahora tenemos a un grupo muy competente y ético en la dirección de la empresa”, dijo el ex senador federal Bob Graham, que se desempeña como director con sueldo de la junta directiva de la empresa y preside una comisión para garantizar que la compañía sea ética y cumpla con las regulaciones.

“Nuestro servicio va a ser la mejor prueba de nuestra integridad corporativa”.

El servicio de la compañía, sin embargo, es lo que tiene preocupados a algunos defensores de la atención medica. Un ejemplo: En el 2009, WellCare se retiró de un plan piloto de Medicaid en cinco condados que sirvió de modelo para el negocio estatal que ahora WellCare está procurando.

La decisión de WellCare interrumpió en algunos casos la atención de pacientes con problemas de salud a largo plazo, discapacidades y enfermedades mentales.

Los críticos también fustigan el arreglo federal, alcanzado en abril, que requiere que la empresa reponga menos de la mitad de los supuestos $ 400 millones a $600 millones que extrajo de los contribuyentes.

Cinco ex ejecutivos —incluyendo al director ejecutivo Farha, el director financiero Paul Behrens y el consejero general Thaddeus Bereday— fueron acusados ​​en marzo del 2011 y están en espera de juicio.

La evidencia en contra de ellos incluye conversaciones grabadas entre ejecutivos discutiendo cómo podrían duplicar sus cuentas al estado. Los ejecutivos también discutieron planes para ahorrar dinero mediante la terminación de la cobertura de bebés recién nacidos y de pacientes con enfermedades terminales, y dar fiestas para premiar a los empleados que excluyeron a afiliados costosos, según documentos de denunciantes.

“Las violaciones de WellCare sólo pudieron conocerse porque un empleado con pleno conocimiento contó la historia”, dijo Laura Goodhue, directora ejecutivo del grupo Florida CHAIN, defensor de la atención médica. “¿Cómo puede el Estado cerciorarse de que no vuelva a suceder?”