El funcionario electoral de mayor rango del gobernador Rick Scott demandó el lunes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU, al acusar a la agencia de “intransigencia” ilícita por negarle acceso a una base de datos que podría ayudar al lugar del estado y sacar a los no ciudadanos de las listas de votantes.

“Tenemos un derecho a esta base de datos”, dijo el lunes Scott en el programa “Your World” (Tu mundo) de Fox News. “Se supone que se use para la inscripción de los votantes. Espero con impaciencia que nos den la base de datos pero, de nuevo, no tenemos otra opción que demandarlos esta tarde”.

El DHS se ha negado a comentar o explicar por qué no le da acceso a la Florida a la base de datos.

La demanda de la Florida es el giro más reciente en su controvertido esfuerzo para depurar a los no ciudadanos de las listas de votantes. Alrededor de 87 no ciudadanos se han encontrado en las listas de votantes, al menos 47 de los cuales han votado de forma ilegal.

El viernes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) demandó a la Florida en una corte federal de que pusiera fin a la depuración, al decir que el esfuerzo viola la Ley de Derecho al Voto de 1965. La ACLU también destacó que la depuración de votantes se centra desproporcionadamente en minorías.

El Departamento de Justicia (DOJ) dijo hace dos semanas que el esfuerzo de la Florida probablemente violó esa ley sobre la votación, así como otra ley federal, la Ley Nacional de Registro de Votantes, que prohíbe hacer depuraciones a 90 días de una elección federal. En este caso, el DOJ ordenó al estado que detuviera la depuración.

Pero Ken Detzner, secretario de Estado de la Florida, se negó la semana pasada a detener el proceso y le dijo en una carta al DOJ que el departamento malinterpreta la ley federal.

Detzner agregó que bajo la Ley de Derecho al Voto, la Florida no necesita buscar un permiso federal para embarcarse en la depuración, porque el DOJ ya respaldó una ley estatal que permite a la Florida sacar a los votantes no ciudadanos. También, agregó, la prohibición de 90 días sobre la depuración de votantes no se aplica a sacar a los no ciudadanos.

Detzner le pidió al DOJ que respondiera para el lunes una serie de preguntas técnicas sobre la ley y que diera una opinión sobre si el Departamento de Seguridad Nacional debió haberle dado al estado acceso a la base de datos, conocida como SAVE.

Como se acercaba el final del lunes y el DOJ parecía no estar dispuesto a responder, Detzner demandó a Seguridad Nacional en su capacidad de secretario estatal.

Detzner y Scott han destacado que la depuración de la Florida se debió haber llevado a cabo mucho más rápido, pero el Departamento de Seguridad Nacional le negó a la Florida el derecho a acceder a SAVE, que describe en detalle qué inmigrantes se convierten en ciudadanos.

La Florida le pidió por primera vez el año pasado la base de datos al DHS.

Incapaz de hacer que Seguridad Nacional respondiera, la división de elecciones de la Florida comenzó entonces a comparar la lista de votantes con la base de datos del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados, que contiene alguna información sobre ciudadanía.

Pero esa información podría no estar actualizada. Y podría llevar al estado a equivocar a un votante legal con un no ciudadano.

Debido a la alta tasa de errores, la enorme mayoría de los supervisores de las elecciones condales ha detenido el esfuerzo para depurar a los no ciudadanos potenciales de una lista generada por el estado de casi 2,700 nombres suministrados a los condados en abril.

Eso es una fracción de una lista de 180,000 potenciales no ciudadanos que el estado identificó inicialmente.

Hasta ahora, la enorme mayoría de personas contactadas en la lista – más de 500 – se han identificado como ciudadanos.

“Durante casi un año, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU no ha cumplido su obligación legal de suministrarnos la información necesaria para identificar y sacar votantes inelegibles de las listas de votantes de la Florida”, dijo el secretario Detzner. “No podemos permitir más que el gobierno federal demore nuestros esfuerzos de defender la integridad de las elecciones de la Florida. Hemos presentado una demanda para asegurar que se cumple la ley y que somos capaces de cumplir nuestra obligación de mantener exactas y actualizadas las listas de votantes”.