El sindicalismo estadounidense recibió tres duros golpes en las elecciones primarias de junio. En el estado de Wisconsin, los sindicatos fracasaron en su intento por destituir al gobernador del estado, Scott Walker, quien el año pasado promovió y promulgó como ley un conjunto de reformas que limitan la negociación colectiva de contratos y afectan directamente el sistema de pensiones de los trabajadores del sector público sindicalizados: maestros, policías, bomberos y burócratas. En San Diego y San José, California, los ciudadanos también votaron para fijarle límites al sistema de pensiones de los trabajadores del sector público.

De los tres casos, el de Wisconsin es sin duda el más relevante por el alcance de las reformas que hace apenas un año convirtió en ley el gobernador Walker con el apoyo de la legislatura local y ahora, de la mayoría del electorado. Según Walker, las reformas eran necesarias para reducir de forma permanente el enorme déficit presupuestal que enfrenta el estado, 3.6 miles de millones de dólares que, a juicio de Walker, se debe principalmente al creciente gasto fijo en las pensiones de los trabajadores públicos.

Hoy, en Estados Unidos solo el 7% de quienes trabajan en el sector privado son miembros de un sindicato mientras que el 37% de quienes trabajan en el sector público están sindicalizados y en Wisconsin la proporción es semejante. Pero para entender la verdadera dimensión del golpe al sindicalismo habría que considerar que la ley de Wisconsin prohíbe a los gobiernos condales, municipales y a los distritos escolares retener las cuotas de los trabajadores para dárselas a los sindicatos. Se calcula que un trabajador sindicalizado paga una cuota anual de aproximadamente $500, y que una gran parte de este dinero se utiliza para financiar campañas políticas.

La ley también decreta que los trabajadores deberán votar anualmente para determinar si quieren continuar siendo representados por el sindicato; prohíbe que los sindicatos participen en la negociación de pensiones, beneficios o condiciones laborales; limita los aumentos a los salarios al tope marcado por el índice de inflación y elimina la posibilidad de negociar la figura del puesto irrevocable ( tenured) de los maestros. Y si en Wisconsin hablamos de revocar reivindicaciones sindicales que tomaron años de lucha, lo mismo se puede decir de los resultados de la votación en San Diego y San José, California, donde los votantes aprobaron proposiciones que también reforman y limitan los programas de pensiones de los mismos trabajadores del sector público en esas ciudades.

En términos generales, lo que las tres derrotas al sindicalismo muestran es que en la apretada situación económica que vivimos, los ciudadanos resienten que los trabajadores del sector público disfruten de generosas pensiones y beneficios con dinero de los contribuyentes. Creo que, por regla general, los sindicatos no solo benefician a los trabajadores protegiéndoles del posible abuso de los patrones sino que en muchos casos son indispensables. Eso no significa que concuerde con algunas prácticas excesivas de muchos sindicatos que a veces rondan en el terreno de la delincuencia y frecuentemente cometen abusos. Mucho menores por supuesto que los que cometen banqueros, inversionistas, abogados, empresarios o políticos, pero abusos al fin.

No creo que las pensiones de los trabajadores sean la causa principal de los desequilibrios presupuestales, y sí las reducciones de impuestos y la ineficiencia y corrupción de las autoridades, pero sí creo que en épocas de austeridad económica la generosidad de dichas pensiones puede ser vista como injusta. Sobre todo si se les compara con las miserables pensiones de los trabajadores retirados del sector privado. Y es en este sentido que espero que el sindicalismo entienda que en la política las percepciones son realidades y tome estas tres derrotas como lecciones para moderar el alcance de los beneficios que ofrecen a su membresía en términos más acordes con la realidad del resto de los trabajadores.