Un tribunal federal de apelaciones de California ratificó que el arsenal de $2.55 millones acumulado por un cubanoamericano residente de Upland está sujeto a las normas de confiscación, a pesar de que el hombre había transferido la propiedad de las armas a su esposa, según un informe de Press-Enterprise, de Riverside.

En el 2006 agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) ingresaron al hogar de Robert Ferro y su esposa buscando una pistola relacionada con un homicidio. El arma en cuestión no fue encontrada, pero los agentes descubrieron escondidos detrás de los paneles de la casa un arsenal que incluía “1,679 armas de fuego; 87,983 unidades de munición, 3 cohetes y numerosos fusiles”, incluyendo 35 ametralladoras, una granada, 130 silenciadores, así como pistolas cubiertas en oro y reliquias de principios del siglo pasado.

Ferro, quien fue condenado en el 2007 a más de cuatro años de prisión por posesión ilegal de armas, argumentó que el armamento iba a ser utilizado para atentar contra el gobernante cubano Fidel Castro en Cuba. También indicó que transfirió propiedad del arsenal a su esposa, María Ferro, puesto que existe una prohibición federal de posesión de armas para los convictos y él ya había sido encontrado culpable en 1991 de poseer explosivos.

Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelación del Noveno Circuito sentenció que las reglas federales son aplicables a las armas. El Tribunal mantuvo la sentencia de un juzgado subordinado que establecía que María tenía conocimiento de la ilegalidad de sus actos. María había argumentado que Ferro le había dicho que podía seguir coleccionando armas a pesar de ser un ex convicto.

Ahora un juzgado subordinado deberá decidir si la medida fue “excesiva”, ya que algunas de las armas de Ferro eran de colección.

Ferro ha asegurado ser miembro del grupo anticastrista Alpha 66, aunque esta organización lo niega. Su registro militar muestra que perteneció a las fuerzas especiales del Ejército durante seis meses.

Según la sentencia, el caso de Ferro es “lo que entendemos como el más grande decomiso civil de armas de fuego en la historia estadounidense […] en posesión ilegal de un delincuente convicto”.

De mantenerse la decisión en contra de Ferro, la ATF enviaría las armas de colección a un museo.