Publicado el miércoles 13 de junio del 2012

En la mayor multa impuesta a una institución financiera por violar las sanciones a Cuba e Irán, el ING Bank con sede en Holanda pagará $619 millones al gobierno estadounidense, anunció el martes el Departamento de Justicia.

El anuncio indicó que ING había aceptado pagar la multa récord por haber movido en secreto más de $2,000 millones a través de instituciones financieras estadounidenses en 20,000 transacciones desde inicios de la década de 1990 hasta el 2007, las cuales violaban las sanciones impuestas a Cuba e Irán.

“ING Bank ayudó a brindar a patrocinadores del terrorismo y otras entidades sancionadas acceso al sistema financiero de Estados Unidos, permitiéndoles mover miles de millones de dólares”, aseguró la subsecretaria de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, Lisa Monaco.

Cuba, Irán, Siria y Sudán están en la lista de Estados Unidos de países sancionados por apoyo al terrorismo internacional. El embargo comercial a la isla, que ya dura medio siglo, también prohíbe a entidades cubanas usar dólares estadounidenses en sus transacciones.

El comunicado del Departamento de Justicia afirmó que ING falsificó sellos de endoso de modo que dos bancos cubanos pudieran procesar de manera fraudulenta cheques de viajero en dólares, y aconsejó a clientes cubanos e iraníes cómo ocultar sus transacciones.

Además, altos directivos de ING borraron datos de informes que hubieran revelado la participación de entidades cubanas e iraníes, y amenazaron con castigar a empleados que no eliminaran dichas referencias en los documentos, añadió el comunicado.

Jan Hommen, presidente ejecutivo de la compañía matriz del banco, ING Groep, radicada en Amsterdam, calificó las violaciones de “serias e inaceptables”, pero añadió que la compañía ha cambiado desde que ocurrieran las mismas. Las operaciones de seguros y banca de ING en Estados Unidos no estuvieron involucradas en el caso ni en las sanciones.

La fiscalía federal en Washington, D.C., presentó contra ING Bank un cargo de “conspiración deliberada para violar” las sanciones. “ING ha aceptado la responsabilidad que le toca por su conducta criminal” y aceptó pagar los $619 millones como parte de un acuerdo de encausamiento diferido, añadió el comunicado.

La mitad del dinero será enviada a la fiscalía federal de Nueva York, la cual ha estado investigando a ING en una larga serie de cargos criminales, y el banco tendrá que hacer informes de manera regular sobre la manera en que está cumpliendo con las sanciones estadounidenses.

“Durante años, ING Bank violó de manera flagrante las leyes estadounidenses que controlan las transacciones en que están involucradas Cuba e Irán, y luego usó empresas pantalla y otras medidas engañosas para encubrir su conducta criminal”, subrayó el subsecretario de Justicia Lanny A. Breuer, según un comunicado.

Adam J. Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la cual hace cumplir las restricciones de Estados Unidos a otros países, añadió que la multa era “una clara advertencia para todo aquel que considere la posibilidad de beneficiarse por medio de evadir sanciones estadounidenses”.

Cuba ha enfrentado sanciones estadounidenses bajo el embargo comercial desde 1962. Pero después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, las medidas más estrictas de Estados Unidos contra el financiamiento del terrorismo empezaron a afectar aún más las transacciones financieras del gobierno comunista de la isla.

Credit Suisse Bank pagó una multa de $536 millones al gobierno estadounidense en el 2009 para resolver acusaciones de comercio ilegal con Cuba, Irán y otros países sancionados; mientras que UBS, de Suiza, pagó otros $100 millones en el 2004 por acusaciones similares.

Se reportó que una rama jamaiquina de la empresa canadiense Bank of Nova Scotia se había negado a prestar servicio a la embajada cubana en Kingston, y se alega que el banco británico HSBC cerró varias cuentas cubanas en diversas partes del mundo.

Otras compañías de servicios financieros que operaban tanto en Cuba como en Estados Unidos — estaban sujetas por lo tanto a las regulaciones estadounidenses— cerraron también sus operaciones en la isla caribeña, quejándose de que las regulaciones estadounidenses se habían hecho demasiado onerosas y que se arriesgaban a incurrir en costosas violaciones.

El gobierno de Cuba se quejó además de que funcionarios estadounidenses estaban congelando fondos en cuentas cubanas supuestamente ilegales establecidas en bancos extranjeros. Un reportaje del 2006 de un periódico estatal cubano, Trabajadores, estimó que el dinero congelado solamente en el 2005 llegaba a los $268 millones, pero no dio detalles.

La congresista republicana por la Florida, Ileana Ros-Lehtinen, quien animó constantemente al gobierno de Estados Unidos para que castigara a Credit Suisse, UBS e ING Bank, declaró que la multa de $619 millones “envía un mensaje claro de que las compañías que rompen las leyes estadounidenses y hacen negocios con países bajo sanciones serán descubiertas y castigadas severamente”.

“Otras compañía que pudieran pensar en hacer negocios con estados patrocinadores del terrorismo deberían mirar hacia estos $619 millones y pensarlo dos veces”, afirmó Ros-Lehtinen, que preside el poderoso Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.