Una nueva intriga que envidiaría hasta el Vaticano se pasea por los corredores del poder en Washington. Me refiero a las misteriosas filtraciones de informes y datos concretos sobre las guerras ya no tan secretas que libra el presidente Barack Obama con algunos de nuestros enemigos. Unas han revelado que el mandatario intensificó ataques cibernéticos que originalmente aprobó el presidente George W. Bush para torpedear el programa nuclear de Irán. Otras, que Obama aumentó dramáticamente los ataques con drones o aviones no tripulados contra sospechosos de terrorismo, iniciados también por Bush, y se colocó en la cima de una jerarquía que decide a quién o quiénes deben cargarse. Algunos republicanos acusan a la Casa Blanca de hacer las filtraciones para pintar a Obama como duro en esta contienda presidencial. El presidente dice sentirse ofendido por la acusación. Pero quienes deberíamos ofendernos somos los norteamericanos ante las evidencias de que, durante años, dos gobiernos sucesivos han librado guerras secretas que ni siquiera han intentado justificar en público.

Obama es el primer presidente norteamericano en la historia que asume personalmente la responsabilidad de decidir a qué sospechoso de terrorismo se mata y en qué momento. Y se entiende que la haya asumido, como le han asegurado fuentes anónimas al New York Times, para cerciorarse de que los blancos se lo merezcan y, llegado el caso, para poder justificar cada acción ante la opinión pública. También se entiende que el presidente, como antes Bush, haya buscado vías alternas para combatir a un enemigo que nunca da la cara ni viste uniforme de combate y que ataca sin previo aviso a civiles inocentes. Pero lo que no se justifica en modo alguno es que el mandatario haya ocultado durante tanto tiempo la existencia de estas guerras encubiertas al público a nombre del cual las libra.

Los republicanos exigen con razón que el gobierno responda a sus sospechas de que las filtraciones procuran revestir al presidente de un halo de guapetón. Algunos demócratas se sienten indignados por el daño potencial a nuestra seguridad nacional y también exigen respuestas. El Departamento de Justicia ha designado a dos fiscales para investigar quién filtró qué y cuándo. Pero la verdad es que, en una democracia como la nuestra, las filtraciones suelen ser un mecanismo de defensa de los ciudadanos ante el empeño del gobierno de manipularlos y de ocultarles con celo paternalista informaciones vitales que deberían conocer. La guerra cibernética contra Irán y los atentados con drones pertenecen exactamente a esa categoría de informaciones vitales.

Por razones estratégicas, un gobierno democrático puede ocultarles a los ciudadanos ciertas acciones estratégicas durante un tiempo razonable. Pero no tiene derecho a ocultárselas todo el tiempo. Y mucho menos cuando se trata de guerras secretas que invariablemente generan consecuencias indeseables, como las que libra el presidente Obama. Los ataques cibernéticos podrían haber retrasado entre año y medio y dos años los siniestros planes nucleares de Irán. Pero ahora Washington teme que Irán y otros regímenes enemigos se estén preparando para atacar de la misma manera a Estados Unidos, el país más vulnerable a este tipo de agresión porque es el que más ha vinculado su economía y otros intereses al mundo cibernético. Los atentados con drones, a su vez, han deteriorado las relaciones con Afganistán y Pakistán y parecen haber cobrado tantas vidas inocentes que el gobierno ha redefinido el concepto de “combatiente” enemigo para justificar muchas de esas muertes. Según el Times, Washington define así ahora a todos los hombres en edad militar que se encuentran en las zonas atacadas por drones. Debido al secretismo, el gobierno se ha excluido oficialmente del debate nacional sobre estas estrategias. Y mantiene en la ignorancia a los congresistas, que también representan a los norteamericanos, con la aparente excepción de los miembros de las comisiones de inteligencia.

Cuando aspiró a la presidencia la primera vez, Obama prometió gobernar con transparencia. Su renuencia a defender en público sus guerras secretas contradice ese compromiso. El Presidente debería explicarles a los norteamericanos su decisión de ejecutarlas y propiciar así un impostergable diálogo abierto sobre su conveniencia y justificación y sobre los efectos que esas acciones están teniendo no solo en los enemigos de Estados Unidos sino también en este país.

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