BOGOTA -- La Corte Suprema de Justicia absolvió a una ex presidenta del Congreso enjuiciada por haber solicitado información presuntamente de forma indebida para adelantar un debate legislativo en contra de la ex senadora Piedad Córdoba.

“Por duda razonable” los magistrados decidieron absolver a la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez del delito de “tráfico de influencias de servidor público”, según el fallo divulgado el jueves en un correo electrónico del alto tribunal.

Gutiérrez, que presidió el Congreso colombiano entre el 2007 y el 2008, se encontraba detenida en su casa desde mayo del 2011. La política siempre pregonó su inocencia.

La investigación contra Gutiérrez se abrió en el 2010 luego de que pidió información al ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, la policía secreta colombiana, sobre viajes al exterior de la entonces también senadora Córdoba, su adversaria política, para realizar un debate en el Congreso.

En marzo del 2008, en una sesión del Senado, Gutiérrez hizo mención en un debate a un viaje que el año anterior había hecho Córdoba a México “para demostrar que los gastos de estadía no habían sido cancelados por ella y que el viaje no había contado con la debida autorización” legislativa.

Según la sentencia de 53 páginas, en el caso de Gutiérrez “no se satisfacen los requisitos. . . para condenar a la acusada sino que por el contrario, este caso lo circunda una duda razonable “sobre la fuente de dónde obtuvo el documento que citó en aquella sesión del Senado sobre el viaje de Córdoba.

La Corte concluyó que aunque el expediente registra “una serie de hechos aún aceptados por la enjuiciada. . . ellos no alcanzan a perfilar la exigencia para emitir una sentencia condenatoria”.

Varios ex detectives del Departamento Administrativo de Seguridad actualmente en prisión dijeron a las autoridades que Gutiérrez les hizo la solicitud porque quería demostrar en el Congreso los nexos de Córdoba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Córdoba fue destituida de su escaño legislativo por la Procuraduría General en septiembre de 2010 por sus supuestos lazos con las FARC. Por las mismas sospechas, la Corte Suprema también procesa a Córdoba de forma preliminar para decidir si abre o no una investigación formal.